A un mes del fallecimiento del niño Ángel López, la causa suma una nueva denuncia penal contra la licenciada Jennifer Leiva, del Servicio de Protección de Derechos, por presunto incumplimiento de deberes y falsedad en informes.
A un mes de la muerte de Ángel López, la causa suma un nuevo capítulo con fuertes acusaciones contra el fuero de familia y organismos de protección estatal. Tras su llegada a Comodoro Rivadavia en las últimas horas, el abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, confirmó la decisión de avanzar con presentaciones judiciales paralelas para investigar posibles responsabilidades más allá de la causa penal principal.
“Nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron”, afirmó durante la jornada de ayer en diálogo con la prensa. En ese marco, el letrado fue contundente al señalar presuntas fallas en el proceso que terminó con la restitución del niño a su madre biológica.
Apuntó directamente contra el accionar del juez de familia, Pablo Pérez, al considerar que no se realizó una escucha adecuada del menor. “La Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo. Ángel tenía dificultades para expresarse. Si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena, es porque no hizo preguntas de contexto. Solo escuchó ‘me quiero ir con mi mamá’ y supuso que hablaba de la progenitora”, cuestionó.
También criticó el rol de la defensora de menores y la falta de un análisis integral antes de cambiar la guarda. “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención”, sostuvo.
Castillo remarcó el impacto del desarraigo: “Lo sacaron de su casa, de su padre, de su madre de crianza, del jardín y de sus amigos. Nadie evaluó el impacto de eso. No hubo una intervención estatal real”. En esa línea, agregó: “Mariela se revinculó solo dos veces; hay un informe en el expediente de un psicólogo que actuó muy bien y advirtió que esta mujer ponía sus intereses por encima de los del menor y que el niño no la reconocía como madre. El juez Pérez inicialmente actuó bien y dijo que ella lo había abandonado, pero después cambiaron de manera rotunda ese criterio y de un momento a otro lo desarraigaron, le pusieron una prohibición de acercamiento, lo sacaron del jardín y empezó a vivir en un lugar que no tenía baño ni habitación, donde le pegaban. La justicia tiene que hacer una profunda reflexión”.
Pero el punto más fuerte de la avanzada judicial es la denuncia penal contra la licenciada Jennifer Grisel Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD). La presentación realizada ante la Justicia de Chubut solicita su suspensión inmediata, la prohibición de salida del país y el secuestro de su legajo profesional. Se le atribuyen delitos graves como incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad en informes periciales y abandono de persona seguido de muerte.
Además, la querella pidió preservar expedientes de revinculación familiar en los que intervino la profesional, ante la sospecha de irregularidades sistemáticas en casos de alta vulnerabilidad. Entre otras medidas, se solicitó la designación de un perito psicólogo forense independiente para auditar su trabajo y la incorporación de testimonios clave. Ahora, será la Justicia la que deberá definir si hace lugar a estas medidas y avanza con la investigación. El caso no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también poner bajo la lupa el funcionamiento de todo el sistema de protección.