El Tribunal Oral Federal N.º 7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio en la causa Cuadernos, en el tramo denominado “La Camarita”, a partir de los escritos atribuidos al ex chofer Oscar Centeno.
En ese contexto, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, formuló una acusación directa contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por la presunta recepción de una extensa serie de sobornos.
Según la exposición del organismo antilavado, encabezado por Paul Starc, la ex mandataria habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares. La acusación fue presentada durante la undécima audiencia del debate, ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
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La UIF señaló que una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria habría realizado al menos 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos. Para la querella, estos pagos formaron parte de un “acuerdo espurio” entre funcionarios públicos y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos asociado a contratos de obras y servicios públicos.
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Durante una lectura que se extendió por cerca de cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyaba en resoluciones administrativas firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. De acuerdo con la acusación, los anticipos financieros de las obras variaban entre el 10% y el 20% del monto total, o bien se reemplazaban por pagos equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
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En ese esquema, la UIF atribuyó un rol central al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a quien señaló como responsable de la implementación del sistema desde su cartera. Su segundo, José López, habría coordinado el funcionamiento operativo, mientras que el entonces titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, habría tenido a su cargo la ejecución del acuerdo entre las empresas. El circuito, según la acusación, se completaba con la intervención del financista Ernesto Clarens, identificado como el principal recaudador del dinero.
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El tribunal también dio lectura a cargos vinculados a la aceptación de dádivas. En ese marco, la querella sostuvo que “se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades” y atribuyó responsabilidades como coautores a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López y Ernesto Clarens.
De acuerdo con la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010, y luego habrían sido entregados a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, fallecido. En respaldo de esta hipótesis, Clarens aportó un archivo de Excel con un detalle de fechas y montos correspondientes a cada una de las entregas.
Para la UIF, el sistema de recaudación funcionaba de manera “aceitada y piramidal”, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández como destinatarios finales de los fondos ilegales. En ese contexto, se destacó que la empresa que más sobornos habría pagado fue JCR S.A., perteneciente a la familia Relats.
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Según el requerimiento de elevación a juicio, esa firma realizó 40 pagos por un total de 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013. En paralelo, fue beneficiada con 44 obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad por más de 5.294 millones de pesos, en su mayoría otorgadas de manera exclusiva.
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La acusación también subrayó el vínculo comercial entre el matrimonio Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. En ese punto, se citó la declaración de Víctor Manzanares, ex contador de la familia, quien sostuvo que el alquiler del hotel funcionó como uno de los principales mecanismos de ingreso al patrimonio familiar. Según su testimonio, el grupo alquiló el complejo durante 11 años por un canon mensual cercano a los 90 mil dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares declarados.
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Finalmente, en el tramo “La Camarita” también se mencionó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, junto a Osvaldo De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco sobornos por alrededor de 14 millones de pesos, pagados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A.