El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, solicitó que los integrantes de las familias Vera y Nieves sean juzgados bajo la Ley Nacional Antimafia, tras el asesinato de un testigo clave en una causa que las involucra.
El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, pidió la aplicación de la Ley Nacional Antimafia para combatir a las organizaciones criminales en Comodoro Rivadavia, específicamente contra las familias Vera y Nieves. “La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, afirmó el mandatario.
El pedido surge tras el crimen de un testigo que iba a declarar en una causa contra estas familias, con un extenso historial delictivo en la ciudad. Torres exigió un rápido accionar judicial y reclamó la implementación de la Ley N° 27.786, a la que Chubut adhirió a principios de 2025.
“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, expresó el gobernador.
El último episodio violento ocurrió el miércoles de madrugada, cuando dos personas fueron asesinadas. Una de ellas era testigo en la causa por el homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera. Otra de las víctimas había sido condenada en 2019 por homicidio, pero recuperó la libertad tras una reducción de pena.
Torres, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, anunció la creación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial para coordinar las investigaciones. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo.
La Ley Antimafia, vigente desde marzo de 2025, permite juzgar a toda la estructura de una organización criminal, con penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a la misma.