La entidad profesional confirmó que Roberto Castillo no tiene matrícula habilitante para ejercer en Chubut, lo que limita su participación formal en las audiencias y el acceso a expedientes. El abogado respondió acusando a la institución de intentar “silenciar” a la familia de la víctima.
El conflicto por la representación legal en el caso del fallecimiento de Ángel Nicolás López, de 4 años, sumó un nuevo capítulo en Comodoro Rivadavia. El Colegio Público de Abogados de la ciudad confirmó que el letrado Roberto Castillo no cuenta con matrícula habilitante en la provincia de Chubut, información que fue transmitida a la fiscalía y a los medios que consultaron.
Pedro Ferreira Taviansky, presidente del Colegio, explicó que tras verificar la situación, Castillo no figura matriculado “ni en el Colegio de Comodoro ni en ninguno de los cinco colegios de abogados de Chubut”. En consecuencia, señaló que sin esa habilitación “no puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”. Aclaró, sin embargo, que Castillo estaría trabajando junto a la abogada Fiorella Picón, quien sí se encuentra debidamente matriculada y puede intervenir formalmente en la causa.
Ferreira precisó que la intervención del Colegio no fue una denuncia formal, sino una respuesta a consultas, y que no tienen “ningún interés en que esta persona sea parte o no del caso”. Agregó que mantuvo comunicación con Castillo para señalarle la irregularidad y sugerirle que “deje de mostrarse como que está ejerciendo sin tener matrícula habilitante”.
Por su parte, Roberto Castillo respondió públicamente a través de un mensaje en redes sociales, donde cuestionó al Colegio de Abogados. “Rechazo la inconducta del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia que está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel. Incluso presionándome para que abandone su representación”, expresó.
El conflicto se da en paralelo al avance de la causa judicial. Este martes se realizará la audiencia de apertura de investigación por el presunto homicidio y se debatirá la prisión preventiva para los dos detenidos: la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González. Ferreira fue claro respecto a las limitaciones de Castillo para esta audiencia: “si la audiencia es pública podrá ingresar como público… Pero si la audiencia es privada en teoría no deberían ni siquiera dejarlo ingresar”.
El caso continúa su curso en medio de un fuerte impacto social y mediático en la comunidad de Comodoro Rivadavia.