El gobierno de Río Negro avanza en un nuevo esquema para las rutas nacionales 22 y 151, corredores clave para la región del Alto Valle. Se trabaja en un marco jurídico y operativo que podría incluir la participación privada.
El futuro de las rutas nacionales 22 y 151 vuelve a estar en la agenda regional. El gobierno de Río Negro avanza en un nuevo esquema para estos corredores estratégicos, que podría modificar la dinámica de circulación en el Alto Valle y reabrir el debate sobre su gestión.
El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, para trabajar en un marco jurídico y operativo que permita ordenar el funcionamiento de ambas rutas. Se trata de vías clave para la vida cotidiana, utilizadas a diario por trabajadores, transportistas y sectores productivos.
Durante el encuentro, el eje estuvo puesto en definir responsabilidades y reglas claras para mejorar la situación de corredores que, desde hace años, acumulan reclamos por su estado y por la falta de obras. El deterioro de la ruta 151 y el colapso de la ruta 22 en distintos tramos del Alto Valle volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de concesionar ambas rutas.
Desde el gobierno provincial señalan que la idea de un sistema con participación privada, que podría incluir peajes, no está descartada, aunque advierten que antes deben resolverse problemas estructurales. “Podrían entrar en un esquema de concesiones, pero hay que solucionar los pendientes”, indicaron desde el área de Obras Públicas.
Uno de los principales puntos planteados es que las rutas deben ofrecer condiciones de seguridad antes de cualquier esquema de peaje. En ese sentido, la situación actual del Alto Valle aparece como un obstáculo. La ruta 22, en particular, sigue lejos de convertirse en una autopista completa, una obra prometida desde hace años.
A esto se suman conflictos abiertos, contratos sin resolver y reclamos de municipios por los accesos urbanos. Además, la inversión nacional prevista —de alrededor de $2300 millones— es considerada insuficiente frente a la magnitud de las necesidades de infraestructura.