El juez federal Daniel Rafecas desestimó un pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente, dejando el expediente listo para ser elevado a un tribunal oral. La causa, iniciada por su ex pareja Fabiola Yáñez, incluye cargos por lesiones y amenazas coactivas.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yáñez. La resolución deja el expediente prácticamente listo para ser elevado a juicio oral, respaldando lo actuado durante la investigación y descartando el intento de invalidar pruebas y medidas procesales clave.
La causa ya había sido impulsada por el fiscal Ramiro González, quien dio por concluida la etapa de instrucción y solicitó formalmente el envío a juicio, incluyendo cargos por lesiones y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género. La estrategia de la defensa se había centrado en cuestionar la actuación del juez Julián Ercolini en etapas anteriores, argumentando una supuesta parcialidad que invalidaría lo actuado.
Sin embargo, Rafecas desestimó todos esos argumentos, sosteniendo que no existían irregularidades que justificaran retrotraer la causa. En su fallo, explicó que el apartamiento de Ercolini se dispuso para evitar cuestionamientos, pero no implicaba defectos en la investigación, y advirtió que declarar la nulidad generaría demoras innecesarias.
Según la investigación, Fernández habría ejercido distintos tipos de violencia contra Yáñez durante un período extenso, desde al menos 2016 hasta 2024. El expediente describe un patrón sostenido de violencia psicológica y física. La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento y validado la existencia de múltiples hechos que configurarían un cuadro de violencia continuada.
Con este nuevo fallo, la causa queda en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, instancia en la que se definirá la responsabilidad penal del exmandatario. Los delitos imputados contemplan penas que van de 3 a 18 años de prisión.