El Tribunal Oral de Rawson dará a conocer su fallo el próximo jueves 23 de abril, tras los alegatos finales en el caso contra Roberto Bubas, acusado de lesiones graves agravadas y amenazas.
El segundo juicio oral y público contra el ex guardafaunas Roberto Bubas, acusado de lesiones graves doblemente agravadas y amenazas, entra en su etapa final. El veredicto se dará a conocer el próximo jueves 23 de abril en la Oficina Judicial de Rawson, según informaron fuentes oficiales.
El proceso, que se desarrolla por orden de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), gira en torno a la presunta responsabilidad penal del imputado por hechos de violencia contra Luján Pérez Terrone. La acusación contempla lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con amenazas simples.
Durante las audiencias, que se extendieron por varios días, declararon testigos de ambas partes, incluidos familiares del acusado y de la víctima, además de profesionales de la salud y peritos del cuerpo médico forense. También se incorporaron pruebas documentales presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa.
En los alegatos finales, la fiscal general Laura Castagno y la abogada querellante Gladys Olavarría solicitaron que se declare la responsabilidad penal de Bubas. Por el contrario, los defensores Andrés Spínola y Javier Romero pidieron su absolución, cuestionando los elementos de prueba reunidos durante el debate.
El tribunal está integrado por las juezas Marcela Pérez Bogado y María Laura Martini, junto al juez Martín O’Connor, quienes tendrán la tarea de resolver si el acusado es culpable o no de los hechos que se le atribuyen.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, en caso de que el fallo determine la responsabilidad penal del imputado, se abrirá una segunda etapa conocida como juicio de cesura, en la que se definirá la pena correspondiente.
Este nuevo juicio se realiza luego de que, en agosto del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia anulara el primer proceso en el que Bubas había sido absuelto. La resolución del STJ calificó de “violencia institucional” el hecho de que, en aquella ocasión, se permitiera al acusado interrogar directamente a la víctima, exponiéndola a una situación de revictimización. El máximo tribunal provincial ordenó entonces un nuevo debate que respetara los derechos de la víctima sin afectar la defensa del acusado.