Un jurado federal de San Francisco condenó al gigante tecnológico por recolectar información personal incluso cuando los usuarios habían desactivado la opción de rastreo.
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El fallo llega un día después de que Google se impusiera en otra causa clave contra el gobierno de Estados Unidos.
El gigante tecnológico Google fue condenado por un tribunal federal de San Francisco a pagar u$s425 millones como compensación a más de 100 millones de usuarios que denunciaron la violación de su privacidad.
El caso se originó en julio de 2020, cuando los demandantes aseguraron que la compañía recopilaba datos personales incluso cuando ellos habían manifestado expresamente en sus configuraciones que no deseaban compartir información. Según la acusación, la práctica se realizaba mediante aplicaciones de terceros como Uber o Instagram (propiedad de Meta), cuyos datos terminaban bajo custodia de Google.
El abogado Aníbal Rodríguez, en representación del colectivo de usuarios, denunció que la empresa violó la Ley Integral de California contra el Fraude y el Acceso a Datos Informáticos. En los alegatos finales, su colega David Boies remarcó que “Google nunca obtuvo el permiso de los usuarios para recopilar y utilizar los datos” y acusó a la empresa de “falsamente decir que podían controlar, ver y eliminar la información recopilada”.
La defensa de la tecnológica negó haber incurrido en irregularidades: “Este no es un caso de conducta ilícita, ni de filtración de datos, ni de engaños. No hay perjuicio alguno en este caso”, sostuvo. Sin embargo, el jurado determinó que Google fue culpable de seguir recolectando datos incluso con la opción de actividad web desactivada. Sí descartó que se hubiera violado la ley estatal de fraude informático.
Un fallo adverso tras una victoria clave
La sentencia llegó apenas un día después de que Google obtuviera una victoria judicial significativa frente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclamaba el desprendimiento de su navegador Chrome por presuntas prácticas monopólicas.
En ese expediente, el juez Amit Mehta permitió a la compañía mantener la propiedad de su navegador, aunque dispuso que se prohíban los acuerdos de exclusividad con fabricantes de teléfonos celulares y ordenó a la empresa compartir los datos que utiliza para sus resultados de búsqueda.