Un hombre imputado por estafas será llevado a juicio a pesar de que una mujer de la comunidad gitana le entregara a la víctima el dinero que había perdido por una supuesta compra. El juez rechazó el pedido de sobreseimiento al coincidir con la fiscalía de Delitos Económicos que, en una vehemente exposición, remarcó: “los delitos no se resuelven con plata”.
En la audiencia de control de acusación realizada este viernes, el fiscal Juan Narváez (foto) expuso no solo detalles técnicos por los cuales no corresponde la reparación económica realizada en este caso, sino que indicó su decisión de dejar de aceptar esa “solución” y que los casos queden impunes.
En este sentido, anunció un cambio de paradigma: “la fiscalía intentará de una vez por todas que este tipo de delitos sean juzgados para que no se resuelva todo con plata”. A su vez, ironizó: “si no, tenemos que trabajar de otra cosa, tenemos que dejar que hagan las estafas y pasen las reparaciones económicas, me pongo un kiosco para vender golosinas”.
LOS MOTIVOS PARA NO ACEPTAR LA PLATA
Durante la audiencia, el abogado defensor del imputado, Alfredo Cury, solicitó el sobreseimiento debido a que durante el proceso una tercera persona, a la que nombró como integrante de la comunidad zíngara, le pagó a la víctima 10 mil dólares en efectivo y supuestamente quedó asentado por un funcionario judicial: “está el denunciante, está esta señora, recibe el dinero, donde manifiesta que se da por satisfecho todos sus intereses y tampoco le interesa seguir con la persecución penal”.
Sin embargo, a su turno, Narváez explicó los motivos por los cuales es improcedente la aplicación del artículo 168 citado por la defensa del imputado. En primer lugar, dijo que la reparación no la hace la persona imputada: “lo hace una señora, desconocemos por qué interviene en una reconciliación”. Y en segundo lugar, expuso: “quiero poner de sobresalto que la transacción no se hizo en la oficina de la fiscalía”.
En este sentido, aclaró que no están habilitados a recibir dinero en efectivo: “si vamos a permitir una reparación que la ley misma nos manda a formularla, lo que hacemos es abrir una cuenta judicial”.
Por esos motivos, aseveró que la fiscalía tiene un caso sólido y más allá de que la reparación a la víctima existió, “es una burla al sistema penal” y señaló que en el legajo no consta el pedido de la víctima para que cese la acción penal, sino que solo se acercó a traer un recibo.
“Si no me opongo a esto, damos un mensaje a la sociedad en el que le decimos al imputado que estafe a otra víctima, que no habrá problemas: afrontará un proceso penal, pero antes del control de acusación podrá ofrecer la reparación. Y esto permite burlar al sistema”, cuestionó Narváez.
Si bien aclaró que la reparación integral a las víctimas es una vía posible para solucionar el conflicto, “en este caso concreto, con el imputado en concreto, por su trayectoria y antecedentes, por investigaciones en curso y otros criterios de oportunidad, no lo es. La idea es que esto se termine”.
En su última exposición, el fiscal expuso que las estafas que involucran a la comunidad zíngara abordan una problemática de larga data que se siguen repitiendo: “de 10 estafas llegamos a dos o tres víctimas que pueden reconocerlos, 7 u 8 quedan impunes”. Por su parte, también expuso: “si ustedes pueden llegar a analizar las publicaciones de los diarios locales, podemos vislumbrar que muchos ciudadanos neuquinos comentan que esto es algo que se da cotidianamente” y concluyó: “no puede ser que sigan cayendo víctimas por estos sujetos activos”.
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías rechazó el pedido de la defensa y ordenó que el caso se resuelva en un juicio, con la modalidad de tribunal de tres integrantes, como solicitó la fiscalía.
COMO FUE LA ESTAFA
De acuerdo a la reconstrucción que hizo Narváez, el hecho se remonta al 2 de mayo de 2023, cuando dos compradores viajaron desde Buenos Aires para adquirir una camioneta. La víctima, oriunda de Quilmes, navegaba por internet y en la página de compra y venta de marketplace de Facebook observó la venta de una camioneta Toyota y se contactó con el vendedor, quien le dio un número de teléfono de Neuquén.
“La persona que se postulaba como vendedor utilizó el nombre de Franco y comenzó la maniobra tendiente a ganarse la confianza para luego simular la venta del rodado”, explicó el fiscal y expuso que fijó un precio de 10 mil dólares. La víctima viajó con su padrastro a la ciudad de Neuquén tras hacer una transferencia a modo de seña y arribaron el 2 de marzo del año 2023. Allí los estaba esperando este tal Franco en un BMW gris y los llevó al domicilio donde había varias personas.
De acuerdo a la acusación, el imputado dirigió la puesta en escena para engañar a la víctima y realizar la supuesta venta de la camioneta. La víctima se interesó en una camioneta más nueva que le exhibieron, una Toyota Hilux, que se la vendían al mismo precio. Decidió comprarla y finalmente el imputado lo hizo ingresar al domicilio para concretar, completó el boleto de compra venta y el 08. La víctima le entregó al imputado los 10 mil dólares y 175 mil pesos por gastos de transferencia. Este le dijo que debía llevar la documentación al gestor y salió.
Luego, le manifestó que había problemas con la AFIP, pero que en unos días lo iban a solucionar, convenció a la víctima de que regresara en colectivo, lo llevaron hasta la terminal y se fueron sin ningún tipo de documentación. La conversación siguió por WhatsApp y los imputados le ponían diferentes excusas, hasta que finalmente lo bloquearon, y perdió contacto.
“A raíz de esta maniobra, le ocasionó un perjuicio económico a la víctima por suma de 10 mil dólares, y 175 mil pesos entendiendo que se había efectuado la seña y los supuestos gastos de gestoría” dijo Narváez y señaló que le atribuyeron el delito de estafa genérica a un único imputado porque al hacer el recorrido fotográfico el denunciante solo pudo reconocer al imputado, no así al hombre que manejó, un tal Franco.
Fuente: LMN