El letrado, que representará al progenitor del niño fallecido en Comodoro Rivadavia, planteó críticas al sistema judicial por su funcionamiento y posibles sesgos.
El abogado Roberto Castillo confirmó este viernes que asumirá la defensa legal de Luis, padre de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias bajo investigación. En sus declaraciones, el letrado cuestionó el accionar de la Justicia de Familia y afirmó haber detectado inconsistencias en la intervención judicial previa al desenlace.
Castillo, quien tomará el caso junto a su equipo, señaló que ya iniciaron gestiones para viajar a la ciudad petrolera. “Vamos a acompañar a la familia de Ángel, que es su papá Luis y su mamá del corazón, Lorena”, expresó en diálogo con ADNSUR, tras conocer el caso por su repercusión nacional y las declaraciones públicas del padre.
El abogado sostuvo que, tras analizar el testimonio de Luis, observó que “por su condición de hombre no pudo salvar la vida de su hijo. Si hubiese sido al revés, habría sido distinto”. En este sentido, apuntó a una “crisis en el derecho de familia”, donde —según su visión— se toman decisiones sin un análisis profundo de cada situación particular.
Castillo cuestionó específicamente que, en su interpretación, se otorgue una “supuesta idoneidad basada en el género sin evaluaciones concretas”. “Se le quita el cuidado personal en noviembre simplemente porque la madre es madre y él es padre”, aseguró, remarcando que, según su relato, Luis era quien se ocupaba del cuidado cotidiano del niño.
El profesional también criticó lo que describió como falta de cercanía de los jueces con los expedientes. “No puedo entender que un juez de familia no conozca a las familias que tiene en su juzgado, que no escuche a los padres, a los testigos o a la criatura”, expresó. Para Castillo, el sistema se habría vuelto “extremadamente burocrático”, lo que —a su juicio— impide conocer la realidad de los casos.
El equipo legal ya mantuvo las primeras conversaciones con Luis, quien, según indicaron, atraviesa “las peores horas de su vida” y presenta desconfianza hacia las instituciones. A partir de ese contacto, comenzaron a reunir documentación del expediente y a reconstruir la historia del caso.
En una primera evaluación, Castillo advirtió posibles responsabilidades de funcionarios que intervinieron previamente. “Entendemos que hubo una responsabilidad de quienes facilitaron el contexto que terminó en el desenlace fatal”, afirmó.
Mientras avanzan los preparativos para instalarse en Comodoro Rivadavia, el abogado remarcó que el objetivo será esclarecer lo ocurrido y garantizar la transparencia del proceso. “Aspiramos a que la Justicia no cubra a nadie y que se pueda saber la verdad sobre la muerte de Ángel”, concluyó.