La posible modificación de la Ley de Glaciares volvió al centro del debate político y ambiental. En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el abogado ambientalista Lucas Berguez fue categórico al rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno nacional y lo definió como un punto de quiebre en la protección de los bienes comunes.
“Estamos ante una semana crítica, un verdadero punto de inflexión en la protección de nuestros bienes comunes. Si prospera la reforma, sería el mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente”, advirtió.
Según explicó, la ley vigente protege los glaciares y el ambiente periglaciar, donde se concentran las principales reservas de agua dulce del país, y establece una prohibición expresa para la actividad minera en esas zonas. “La Ley de Glaciares impide la minería en la zona glaciar y periglaciar. Ese es el núcleo que hoy molesta. Se trata de apenas el uno por ciento del territorio, pero es un uno por ciento estratégico para la vida”, remarcó.
Una reforma que, según advierten, va contra la evidencia científica
Berguez también cuestionó el criterio técnico que plantea el proyecto oficial y alertó que se busca debilitar el rol del principal organismo científico que releva los glaciares. “El proyecto es una ley anticiencia. Desconoce todo el trabajo de inventario que viene realizando el IANIGLA y pretende dejar en manos de las provincias la decisión de qué glaciares tienen relevancia hídrica y cuáles no”, señaló.
De prosperar la reforma, explicó, algunos glaciares podrían quedar fuera de protección y habilitarse allí actividades extractivas. “Eso representa un enorme peligro para las comunidades y, sobre todo, para las nacientes de los ríos. Muchos de los ríos que sostienen la vida y la economía regional nacen en los glaciares”, advirtió.
En ese sentido, el abogado recordó que el contexto internacional va en sentido contrario al que propone el Gobierno argentino. “El año pasado, Naciones Unidas declaró el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Y hoy se habla directamente de bancarrota hídrica, no solo de crisis del agua”, remarcó.
Minería, presión política y un escenario de fuerte disputa
Durante el encuentro radial, Berguez sostuvo que la iniciativa responde al interés de grandes empresas mineras y a un alineamiento político de varios gobernadores. “Este avance se da a pedido de las grandes multinacionales mineras y con el apoyo de distintos gobernadores. Se intenta avanzar contra toda base argumentativa científica”, afirmó.
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También vinculó el tratamiento de la reforma con la agenda internacional del Gobierno. “La modificación de la Ley de Glaciares se intenta desde que asumió Milei. Ya se quiso introducir con la Ley Bases y ahora vuelve, en un contexto de cumbres internacionales de minería donde participan las principales empresas del sector”, explicó.
“Lo que está en juego es el agua”
Consultado sobre el escenario parlamentario, el abogado señaló que el oficialismo no tendría un margen holgado para aprobar la reforma, pero advirtió que el desenlace es abierto.
“Si tienen los votos, no les sobra nada. Está muy condicionado. Pero incluso los sectores más reacios a la agenda ambiental entienden que lo que está en juego es el agua, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras”, sostuvo.
En ese marco, Berguez apeló directamente al posicionamiento de la representación cordobesa en el Senado. “Esto depende también de la presión social y política que se ejerza sobre los senadores, incluso sobre el senador cordobés, que en 2010 defendió con mucha verborragia la Ley de Glaciares”, afirmó.