En una semana atravesada por negociaciones de último momento y dictámenes “abiertos”, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve al centro de la escena en el Senado de la Nación Argentina. Aunque con extremo bajo perfil local, la discusión involucra a una senadora por Chubut que mantiene un rol protagónico, ya que Edith Terenzi, de Despierta Chubut, es la presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La senadora radical, que integra el espacio del gobernador Ignacio Torres, ocupa un rol institucional de alto vuelo en este tema, porque si bien el proyecto ya cuenta con dictamen firmado en diciembre, las modificaciones que se acordarían sobre la marcha —al momento de la votación en particular— vuelven decisivo el rol de quienes manejan la letra fina.
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UNA LEY CON DICTAMEN, PERO EN REESCRITURA PERMANENTE
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei apunta a modificar aspectos sustantivos del esquema vigente, a fin de favorecer la actividad minera en el país. Según se había advertido en diciembre, uno de los ejes más sensibles es el desplazamiento del protagonismo técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares y de la delimitación de áreas protegidas.
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NA/Imagen ilustrativa
La propuesta oficial buscaría fortalecer la injerencia provincial en la definición de qué es glaciar y qué es ambiente periglaciar, además de incorporar un mecanismo interjurisdiccional para resolver conflictos entre provincias cuando los recursos hídricos son compartidos.
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Ese punto es el que concentra mayor resistencia de sectores científicos y ambientalistas, que en diciembre calificaron la iniciativa como una “regresión” en términos de protección ambiental. El argumento central es que esta norma debilita el inventario técnico, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hoy vedadas.
TERENZI, ENTRE EL PERFIL TÉCNICO Y LA DISCIPLINA POLÍTICA
En ese tablero, Terenzi juega en dos planos. Por un lado, su perfil técnico-institucional. Según se cuenta en medios especializados en la actividad del Congreso de la Nación, la senadora chubutense no tomó la palabra en las reuniones de diciembre, pero convocó a científicos y referentes del IANIGLA para defender la robustez metodológica del inventario actual. Esa postura fue leída como un gesto elocuente en respaldo a la autoridad científica, que se pretende desplazar del nuevo proyecto.
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Por otro lado, su pertenencia política: responde al armado provincial de Torres, uno de los gobernadores que suele ‘surfear’ su relación con la Casa Rosada. La senadora acompañó proyectos clave del oficialismo, como la reforma laboral, y se ha movido en línea con la estrategia de negociación que privilegia la relación institucional con el Ejecutivo nacional, más allá de algunos ruidos puntuales o el objetivo no alcanzado de la “tercera posición” a través del experimento de “Provincias unidas”.
Esa doble condición de Terenzi —presidenta de comisión con sensibilidad ambiental y, al mismo tiempo, integrante de un esquema provincial que negocia recursos y gobernabilidad— la ubica en una posición de equilibrio delicado.
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MESA CHICA Y RESERVAS PÚBLICAS
Terenzi forma parte de la mesa de trabajo informal que negocia los cambios junto a legisladores de provincias cordilleranas y mineras. Sin embargo, mantiene un hermetismo casi absoluto frente a la prensa provincial. En el Senado reconocen que su estilo es reservado, pero activo: interviene en la construcción de consensos más que en el debate público.
La mecánica elegida por el oficialismo —dictamen firmado en diciembre y modificaciones que se introducirían directamente en el recinto— replica lo ocurrido con otras leyes estratégicas. No hay irregularidad formal, pero sí una dinámica política que concentra la negociación en pocas manos hasta último momento.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Además de las tensiones políticas que rodean la negociación, el proyecto oficial genera fuertes críticas de sectores ambientalistas, especialmente de Greenpeace Argentina.
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La organización advierte que la reforma implicaría un retroceso significativo en la protección de glaciares y el ambiente periglacial, exponiendo estas áreas a un mayor riesgo de contaminación, destrucción y eventual desaparición al permitir actividades extractivas y delegar en las provincias la definición de zonas protegidas.
Para Greenpeace, estas modificaciones ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen millones de personas, debilitan la coherencia de la política ambiental nacional y vulneran los compromisos constitucionales e internacionales en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Del otro lado, provincias cordilleranas plantean la necesidad de revisar el alcance de las restricciones para “compatibilizar protección ambiental con desarrollo minero”.
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EL GOBIERNO ACELERA Y CUENTA CON DOS VOTOS CHUBUTENSES A FAVOR
En las últimas horas, el gobierno nacional buscó acelerar su estrategia para garantizar los votos necesarios para aprobar la reforma mañana, aun con resistencias de parte de senadores aliados, sobre todo ante los cambios de última hora y que se conocerán con el proyecto final en el inicio de la sesión.
Según un relevamiento de diario La Nación, además de Terenzi también se cuenta con el voto a favor de la chubutense Andrea Cristina, una de las 3 integrantes del bloque PRO que acompañará la iniciativa, a diferencia de otros 2 senadores que por estas horas estarían cerca del rechazo.
Desde el lado del peronismo, que se vio recientemente disminuido por la salida de 3 senadores (Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza) y quedó con solamente 25 legisladores, se anticipa el rechazo. Entre ellos, el del chubutense Carlos Linares, que anticipó también su voto negativo a los cambios, ante la consulta para este informe.
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En ese escenario, el proyecto estaría cerca de alcanzar los 37 votos favorables, para avanzar mañana con la media sanción y girarlo a la Cámara de Diputados de la Nación.