El caso del niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia tiene un complejo historial judicial. Fuentes del fuero de Familia detallaron las medidas de protección y las restricciones dictadas para ambos núcleos familiares antes de la tragedia.
El fallecimiento de Ángel, un niño de cuatro años de Comodoro Rivadavia, conmocionó a la comunidad y puso en evidencia una compleja trama familiar con intervención judicial previa. Según fuentes judiciales que analizaron la causa radicada en el fuero de Familia, la madre biológica del menor, quien lo tenía a su cargo al momento de la muerte, no contaba con denuncias oficiales por maltrato.
Las mismas fuentes indicaron que el único de los actores con denuncia formal de violencia era el padre biológico. El expediente detalla múltiples intervenciones del Servicio de Protección de Derechos y equipos técnicos. La Justicia había dictado, en dos oportunidades, prohibición de acercamiento contra el padre y, posteriormente, también contra la madrastra.
A mediados del año pasado, la pareja del padre amplió una denuncia por violencia y maltrato, señalando que el hombre golpeaba al niño y manifestando temor por sus problemas de adicción. En ese contexto, los juzgados otorgaron temporalmente la guarda a la madrastra y dictaron una restricción contra el progenitor.
Paralelamente, la madre biológica del niño fue evaluada por una posible negligencia tras mudarse a Córdoba, pero al regresar a Comodoro Rivadavia inició un proceso de revinculación progresiva. Este esquema encontró resistencia de la madrastra, quien obstaculizó el contacto. Ante esto, el 4 de noviembre pasado, la Asesoría de Familia restituyó la guarda a la madre y amplió las medidas de protección, dictando una nueva restricción contra la madrastra.
Estas restricciones, que también incluían al padre, tenían vigencia hasta febrero. Al caducar los plazos sin que se presentaran nuevas denuncias, se reanudó el vínculo del niño con la familia paterna. Las fuentes judiciales señalaron que este contacto reciente no violaba ninguna orden judicial vigente.
Un punto que llama la atención en los tribunales es la falta de notificaciones preventivas en las semanas previas al desenlace fatal. Aunque circularon versiones sobre posibles golpes advertidos en el ámbito escolar, los registros oficiales confirman que no hubo comunicación alguna a los equipos técnicos ni al Juzgado de Familia antes de la tragedia.
La investigación penal, a cargo del Ministerio Público Fiscal, avanza para determinar las responsabilidades directas. Las primeras pericias forenses detectaron la presencia de lesiones internas en la cabeza del menor.