“El dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino”, afirmó sin rodeos el fiscal jefe Pablo Vignaroli durante su alegato inicial en el juicio por fraude con planes sociales en Neuquén. Con 14 imputados y un proceso que se extenderá durante meses, el caso ya se perfila como uno de los más relevantes en materia de corrupción estatal en la provincia. La acusación apunta al desvío sistemático de fondos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad para sostener la estructura del MPN.
La apertura del juicio se desarrolló en un clima de fuerte tensión. Vignaroli detalló que existieron cinco niveles operativos, desde el reclutamiento de beneficiarios falsos hasta la extracción masiva de dinero desde cajeros automáticos del Banco Provincia del Neuquén (BPN), utilizando tarjetas retenidas por punteros políticos. La operatoria habría durado casi dos años y permitió apropiarse de más de 1.000 millones de pesos.
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La maquinaria detrás del fraude con planes sociales
Según la investigación, el esquema se sostenía a partir del uso de reclutadores políticos, que inscribían a personas en situación de pobreza como beneficiarios de planes, pero que jamás accedían al dinero. Las tarjetas eran gestionadas a su nombre, pero retenidas por los punteros, quienes extraían los fondos “en ráfaga” desde los cajeros. Incluso, algunas extracciones fueron captadas por cámaras y analizadas por peritos durante la etapa de instrucción.
El juicio también buscará demostrar que empleados del Ministerio de Desarrollo Social eran forzados a colaborar con el esquema: llevaban cheques al banco, tramitaban tarjetas y avalaban solicitudes irregulares. Todo bajo presión. En paralelo, varios punteros usaban el dinero para inversiones personales: desde lotes en Plottier hasta la apertura de negocios como un centro de estética, según reveló la fiscalía.
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Los bloques temáticos y las pruebas clave
A lo largo del juicio, los testigos serán organizados en bloques. Uno estará compuesto por los propios empleados públicos que relatarán cómo eran presionados para facilitar el desvío de fondos. Otro lo integrarán los policías que realizaron allanamientos en oficinas del Estado y domicilios particulares, secuestraron celulares, computadoras y escuchas telefónicas. También declararán peritos contables y técnicos que analizaron los circuitos del dinero, y reconstruyeron las maniobras fraudulentas desde los registros bancarios.
La acusación detalla que la red operó desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, y particulares que recibían beneficios económicos. La estructura, según la fiscalía, tenía una lógica piramidal y ejecutó 9.303 estafas, sumando más de $153 millones a valores históricos, pero más de 1.000 millones actualizados.
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LM Neuquen
Una red para sostener el poder del MPN
El eje del alegato es claro: el sistema no fue pensado para asistir a personas en situación de necesidad, sino para alimentar una red clientelar que sostenía el poder político del MPN. Los verdaderos beneficiarios jamás vieron el dinero. En su lugar, eran usados como engranaje de una estructura que convertía la política social en un recurso partidario.
“Vamos a demostrar que el objetivo no era la ayuda social, sino sostener al Movimiento Popular Neuquino”, afirmó Vignaroli. La fiscalía sostiene que, una vez escuchadas todas las pruebas, se solicitará al tribunal una condena firme contra los acusados por haber integrado una asociación ilícita con fines de defraudación al Estado.