Un acta judicial de febrero de 2026, donde el menor expresó su deseo de vivir con su madre y no ver a su padre, es un elemento central en la causa. La investigación penal por su fallecimiento avanza bajo la hipótesis de homicidio.
Un documento judicial fechado el 9 de febrero de 2026, notificado a los defensores de Luis López, certifica la realización de una audiencia de escucha al niño contemplada en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la audiencia, presidida por el juez de Familia Pablo Pérez y con la presencia de la asesora Verónica Roldán, el menor de cuatro años logró hacerse entender con dificultad y expresó que “vive con su ‘mami’ y le gustaría seguir viviendo allí”. Respecto al vínculo con su progenitor, el acta remarca que el niño manifestó que “no quiere verlo”.
Esta constancia, firmada por la secretaria Valentina Rasche, es un elemento central en el expediente a cargo del juez Pérez, quien dictaminó la guarda a favor de la madre biológica. La decisión se basó en el deseo expreso del niño y en el historial acumulado en torno al padre, quien sumaba al menos tres denuncias formales por conductas violentas. La intervención judicial había comenzado en 2023 por alertas de vecinos que observaron al hombre darle cerveza al niño en la vía pública.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia avanza con la investigación penal para determinar las responsabilidades directas por la muerte del niño. Según detallaron los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones, la causa se investiga bajo la hipótesis de un posible homicidio, línea que se reforzó luego de que el informe preliminar de la autopsia detectara traumatismos recientes en el cráneo del menor.
Los fiscales confirmaron que la madre del niño, Mariela Altamirano, y su actual pareja figuran como los principales sospechosos. Ambos estaban a cargo del cuidado del niño en la vivienda donde sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de ser trasladado al Hospital Regional, donde falleció 48 horas después. Como parte de las diligencias, la Justicia ya ejecutó allanamientos, secuestró teléfonos celulares para peritajes y dispuso vigilancia policial sobre los sospechosos, a la espera de estudios complementarios que confirmen la causa exacta de la muerte.