Una madre de cuatro niños de Comodoro Rivadavia denunció públicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF) por la falta de ejecución de una sentencia firme que ordena la revinculación materno–filial con sus hijos.
La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Ricardo Rubén Hayes, María Marta Nieto y Verónica Daniela Robert, y se encuentra en estado de cosa juzgada desde hace más de un año, sin que —según la presentación— haya sido cumplida por los organismos intervinientes.
De acuerdo con la documentación aportada, los niños permanecen separados de su madre desde hace más de tres años, situación que la denunciante define como una separación forzada del vínculo materno–filial.
Si bien la Cámara ordenó la revinculación, distintos organismos estatales habrían continuado aplicando medidas administrativas y evaluaciones que, en los hechos, impidieron avanzar con el contacto dispuesto judicialmente.
La denuncia solicita que el Ministerio Público Fiscal investigue la posible desobediencia de una orden judicial firme, la existencia de actuaciones administrativas paralelas que habrían demorado la revinculación y la utilización de estrategias procesales que, sin modificar la sentencia, prolongaron su incumplimiento.
También se pide que se evalúe el eventual daño psicológico causado por la prolongación de la medida y la posible afectación del interés superior de los niños.
En la presentación se menciona la intervención de oficinas de familia, servicios de protección, áreas de psicología y trabajo social, y asesorías de familia que habrían continuado generando instancias de entrevistas y evaluaciones sin ejecutar la orden de la Cámara. Esta dinámica es señalada como una forma de revictimización y violencia institucional.
Entre los puntos cuestionados se incluyen la convocatoria a audiencias de avenimiento pese a la existencia de cosa juzgada, la exigencia de firmas de los niños como condición para intervenir en el vínculo materno–filial, el aval de actuaciones por parte de una abogada que no habría sido presentada formalmente en el expediente principal y la apertura de un expediente paralelo por parte de la asesoría de familia, situación que la denunciante considera prohibida por la normativa vigente cuando existe una sentencia firme. También se menciona la omisión de intervención del ETI frente a denuncias que califica como falsas, lo que habría derivado en la extensión de medidas cautelares y restricciones de comunicación.
“Cada mes que pasa sin ejecución efectiva de la sentencia produce un daño que no se repara. La justicia ya decidió: falta que el Estado cumpla”, expresó la madre en su denuncia.
La presentación advierte, además, que el caso no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural en Comodoro Rivadavia, caracterizada —según se expone— por fallas en el funcionamiento de los juzgados de familia y organismos de protección, medidas cautelares que se prolongan sin control, procesos que se extienden durante años y la ausencia de plazos concretos para la ejecución de sentencias firmes.
Finalmente, la denunciante solicitó la intervención del fiscal Martín Cárcamo, recientemente asignado al legajo, y manifestó su disposición a aportar audios, entrevistas, resoluciones judiciales y expedientes completos para respaldar su planteo.