Cuando, a fines de septiembre de 2023, se aprobó la prórroga actual por 20 meses, era la tercera de una serie de intentos para licitar nuevamente el servicio, algo que no se pudo concretar en aquella oportunidad y, por lo visto, tampoco se podrá avanzar ahora.
Si bien todavía quedan unos meses para llegar a la fecha límite del 31 de mayo, es evidente que los plazos ya no alcanzan para cumplir con todo el proceso legal, que consiste en aprobar los pliegos para la nueva licitación del servicio, algo que todavía no ingresó al Concejo Deliberante.
“Ya no llegan”, fue el comentario común, escuchado en distintos ámbitos, con relación a la posibilidad de que esa documentación ingrese al recinto legislativo antes del inicio del período ordinario de sesiones, que el intendente Othar Macharashvili inaugurará formalmente el próximo jueves 6 de marzo.
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Una vez que ingresen los pliegos, el Concejo Deliberante debe darles tratamiento, es decir, discutirlos en las comisiones intervinientes y luego aprobarlos en primera lectura, para convocar a una audiencia pública con 15 días de anticipación y, posteriormente, volver a tratarlos en una nueva sesión ordinaria.
Desde Provincia ya avisaron que, hasta junio al menos, los fondos que enviará a Comodoro seguirán en los mismos 170 millones de pesos mensuales.
Luego de eso, suponiendo que hubiera acuerdos para una aprobación en tiempos medianamente rápidos, que insumirían no menos de 40 días. Se debe considerar que hay sólo 3 sesiones ordinarias hasta mayo, la del tercer jueves de marzo y las dos que corresponden al primero y tercer jueves de abril, salvo que se opte por sesionar también el mismo jueves 6 por la tarde, si es que los pliegos estuvieran listos para tomar estado parlamentario.
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Una vez que concluya el circuito legislativo, que no será tan rápido como se menciona en esta síntesis, se debe llamar al proceso de licitación, que demanda un tiempo necesario para la lectura de pliegos, presentación de ofertas y análisis de las mismas. En cualquier caso, se excede el 31 de mayo, que es la fecha en que vence el contrato actual, sin el cual no puede haber prestación de servicio.
Aún cuando en el municipio admiten que están trabajando contra reloj, con la asistencia de un consultor especialista en el tema, los tiempos inevitablemente seguirán prolongándose, por lo que ya aparece en el horizonte cercano un tema que castigará al oficialismo y será apuntado por la oposición: el acuerdo de una nueva prórroga, más allá del 31 de mayo.
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Los costos del servicio y las dificultades para mejorarlo
De este modo, se desinflará, una vez más, la expectativa por un nuevo sistema de transporte y mejores condiciones del servicio, algo que se proyectaba en 2023, cuando se habló de cambiar el sistema para modernizarlo y agilizarlo.
“Una cosa es la teoría y otra la realidad -dijo un conocedor del servicio-. Podemos pedir que haya micros voladores, pero si después no se puede cubrir el costo, hay que volver a poner los pies en la tierra. Es evidente que el servicio tiene que mejorar y no puede seguir igual, pero el tema es cómo se cubre ese costo.”
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En el municipio miran de cerca los números del servicio, que este año demandará 18.500 millones de pesos en concepto de subsidios para poder sostenerlo. El gobierno nacional retiró los aportes desde el año pasado y desde la Provincia ya avisaron que, hasta junio al menos, los fondos que enviará a Comodoro seguirán en los mismos 170 millones de pesos mensuales que enviaron hasta diciembre pasado.
Así, el municipio de Comodoro debe aportar alrededor de 1.100 millones de pesos por mes, un monto que subirá desde marzo por el nuevo acuerdo paritario de la UTA, para cubrir la mitad del costo de un servicio que actualmente se ubica en torno a los 2.500 millones de pesos mensuales, ya que la diferencia se cubre con la venta de boletos.
En ese marco, los usuarios deberán conformarse con un sistema bastante similar al que tienen actualmente, por el que pagan un boleto de 1.100 pesos en el radio urbano y que no tendrá nuevos ajustes mientras el costo pueda cubrirse con los fondos que destina el municipio, que tampoco tiene más margen para seguir absorbiendo un subsidio que, junto al de la recolección de residuos, que cuesta otros 27.600 millones, consume más de la quinta parte del presupuesto municipal.