El Gobierno nacional notificó este viernes a Cristina Fernández de Kirchner para que devuelva el dinero recibido por su jubilación como ex presidente y por la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, beneficios que fueron dados de baja tras su condena judicial en la causa Vialidad.
Según estimaciones oficiales, el monto asciende a unos $1000 millones, incluyendo los intereses acumulados.
La medida fue comunicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que “se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”.
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Según fuentes del Ejecutivo, la ex presidente cobraba cerca de $22 millones mensuales en bruto, producto de ambos haberes. La notificación implica que deberá presentarse ante la ANSES o designar a un apoderado legal para resolver su situación, aunque en el Gobierno descuentan que el caso terminará judicializado.
“Por razones de público conocimiento, deberá enviar a su abogado o apoderado y hará lo que considere necesario”, indicaron desde Capital Humano, en referencia a la estrategia legal que podría adoptar la exmandataria. Desde su entorno, por el momento, no hubo declaraciones públicas.
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La decisión del Gobierno llega pocos días después de que la Justicia rechazara una medida cautelar presentada por Cristina Kirchner para que se le restableciera el cobro de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Con esa resolución, quedó firme la suspensión de ambos beneficios.
El retiro de la jubilación y la pensión se remonta a noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de CFK por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión. A partir de ese fallo, el Poder Ejecutivo dispuso el cese del pago de las asignaciones vitalicias y ordenó la revisión del caso.
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Desde la Casa Rosada justificaron la medida al señalar que las jubilaciones de privilegio otorgadas a expresidentes y ex vicepresidentes “no tienen carácter contributivo”, sino que se otorgan “como una gracia vinculada al honor, mérito y buen desempeño del cargo”. Por lo tanto, una condena penal firme sería causal suficiente para suspender y reclamar el reintegro de los fondos percibidos.
De acuerdo con los registros oficiales, Cristina Fernández percibía $21.827.624 mensuales netos, cifra que surgía de la combinación de su pensión como viuda y su haber vitalicio como ex jefa de Estado. Según la ANSES, esos fondos deberán ser reintegrados con intereses, bajo un mecanismo similar al aplicado en otros casos de funcionarios con condenas por corrupción.
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La resolución se enmarca dentro de una revisión general de las jubilaciones de privilegio, impulsada por el Ministerio de Capital Humano. En ese contexto, en junio de este año, la cartera que conduce Pettovello también inició una demanda contra el ex vicepresidente Amado Boudou, con el fin de recuperar $236 millones más la correspondiente actualización, por los haberes cobrados durante el tiempo en que estuvo condenado por el caso Ciccone.