El padre biológico de Ángel López presentó una ampliación de la denuncia penal, acusando de homicidio agravado a la madre y su pareja, y señalando una corresponsabilidad estatal. La Justicia evaluará el pedido de detención y la posible investigación a funcionarios.
A más de una semana del fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años que murió en circunstancias bajo investigación en la Zona de Quintas de Comodoro Rivadavia, su padre biológico presentó una ampliación de la denuncia penal. El escrito, firmado por Luis López, acusa a la madre del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, del presunto delito de homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguido de muerte.
Además, la denuncia señala una “grave corresponsabilidad estatal” por parte de jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección de Derechos. El documento sostiene que la muerte “es la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas” tanto de los cuidadores como de los funcionarios.
El escrito solicita la inmediata detención de Altamirano y González, bajo el argumento de “inminente peligro de fuga y la destrucción de evidencia clave”. Se cita el informe preliminar de autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la región craneal “incompatibles con una etiología natural”. Asimismo, se menciona que un vecino habría visto humo proveniente de la vivienda el día del hecho, lo que, según la denuncia, corroboraría la hipótesis de que se quemaron prendas del niño para destruir evidencia.
La denuncia también incluye declaraciones atribuidas a la madre, como un presunto grito a su pareja: “¡Vos le pegás al mío!”, en referencia a Ángel, y mensajes a una vecina diciendo que el niño “tenía algo en la cabeza”. Para la querella, estos dichos evidenciarían conocimiento previo de agresiones.
En su apartado más amplio, el escrito apunta a la actuación de funcionarios judiciales y de protección. Invoca la Ley Lucio (Ley 27.709), que establece la obligación de denunciar maltrato infantil, argumentando que su espíritu “resulta directamente aplicable al presente caso”. La denuncia concluye que las omisiones estatales “habrían contribuido de manera determinante a la construcción del escenario de desprotección”.
El caso, que conmocionó a la ciudad, ahora suma una dimensión institucional. La Justicia de Comodoro Rivadavia deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de detención de los imputados y si amplía la investigación a los funcionarios denunciados.