El Presidente aseguró que no hubo irregularidades en los préstamos hipotecarios otorgados a ministros y legisladores oficialistas. Mientras tanto, una diputada presentó una denuncia judicial y se solicitaron informes para investigar el caso.
El presidente Javier Milei salió a defender los préstamos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y allegados de su administración, asegurando que no hubo irregularidades y que no se vulneraron los valores “morales” de su gestión. Las declaraciones se produjeron tras la controversia generada por la filtración de la lista de beneficiarios de créditos hipotecarios, que incluyó nombres de ministros, secretarios y legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
En una entrevista con el programa Economistas por la TV Pública, Milei señaló que los créditos recientes “no causaron daño a nadie” y justificó la legalidad de los mismos. “Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa”, señaló.
La polémica se desató el viernes pasado cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse su inclusión en la lista de préstamos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores. Según la información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), entre los beneficiarios también se encuentran: Pedro Inchauspe (BCRA); Felipe Núñez (BICE); Federico Furiase (secretario de Finanzas) y varios diputados de La Libertad Avanza.
El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, aclaró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” en los créditos hipotecarios a funcionarios del Gobierno y destacó que todos cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”. Además, explicó que muchos empleados estatales son elegibles al gestionar cuentas sueldo del sector público y recordó el programa +Hogares, que financia hasta el 90% del valor con tasas “competitivas”.
A pesar de las explicaciones de los altos cargos del BNA, ya hay una denuncia en la Justicia presentada por la diputada Mónica Frade. Ella solicitó que se abra una investigación para determinar si hubo irregularidades o delitos como “tráfico de influencias” en los créditos del Banco Nación. Frade explicó: “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores (…) comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón presentó pedidos de informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para investigar si existió influencia de cargos institucionales o uso de información privilegiada en la aprobación de estos préstamos.