Un fiscal federal solicitó avanzar con una investigación sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, a partir de una denuncia que apunta a inconsistencias en sus declaraciones juradas.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se avance con una investigación sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito. En su presentación, el funcionario judicial pidió dar impulso a la acción penal al considerar que existen indicios suficientes para profundizar la investigación, a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
De acuerdo al planteo, el documento sostiene que el funcionario “habría experimentado un crecimiento patrimonial que no se condice con sus ingresos como funcionario público”. La denuncia pone el foco en un supuesto aumento “desproporcionado” de su patrimonio, junto con “importantes inconsistencias en sus declaraciones juradas”. Además, se advierte sobre la posible falta de declaración de activos financieros y cuentas en el exterior, así como la incorporación de fondos cuyo origen habría sido justificado mediante préstamos familiares.
Entre los datos remarcados por la fiscalía, según la denuncia, se destaca que el patrimonio del funcionario “habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal”, junto con la declaración de dinero en efectivo en dólares y pesos, y un nivel significativo de endeudamiento.
Otro de los puntos bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una casa en el Country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, la cual no se encontraría consignada en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), presentada ante la Oficina Anticorrupción, según la denuncia.
Para avanzar en la investigación, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas de prueba. Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.
También requirió datos migratorios, movimientos laborales y documentación sobre eventuales operaciones inmobiliarias o financieras, así como información sobre los supuestos préstamos familiares mencionados en la denuncia. Otra de las medidas sugeridas es pedir a la Oficina Anticorrupción que remita copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni.
El objetivo, según surge del requerimiento, es reunir elementos que permitan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución de su patrimonio.