El Ejecutivo informó que inició transferencias por $150.000 millones y planea saldar un total de $350.000 millones en las próximas semanas, con el objetivo de ordenar el flujo de pagos y dar previsibilidad al sistema.
El gobierno nacional anunció que saldará los $350.000 millones que el PAMI adeuda a prestadores de salud antes del mes de mayo. La información se conoció luego de que esta semana se iniciaran transferencias por hasta $150.000 millones, en un contexto de medidas de fuerza por parte de médicos en distintas regiones del país.
Según fuentes oficiales, el pasivo total del organismo asciende a unos $500.000 millones e incluye compromisos con clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Los primeros desembolsos ya comenzaron y la intención es completar el esquema en las próximas dos semanas, con el objetivo de ordenar el flujo de pagos y evitar nuevas tensiones en el sistema.
La situación había generado preocupación, especialmente tras un paro de 72 horas de médicos de cabecera y distintas protestas por atrasos en los pagos. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, jubilados se movilizaron el lunes para reclamar la suspensión de prestaciones.
Desde el Ejecutivo sostienen que el escenario empezó a estabilizarse con las primeras transferencias y relativizan la gravedad del problema. Aseguran que gran parte de la deuda corresponde a pagos corrientes de pocas semanas y que la prioridad ahora es dar previsibilidad al sistema.
La obra social emitió un comunicado en las últimas horas descartando una crisis estructural. El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, afirmó que ya está en marcha un proceso de regularización de pagos tras la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses. Además, desmintió versiones sobre una crisis y explicó que los reclamos de prestadores corresponden en su mayoría a deuda corriente propia del funcionamiento habitual del sistema.
En ese sentido, aseguró que “al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados”. Leguízamo también señaló que los médicos de cabecera no dejaron de cobrar en ningún momento y que la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada. Incluso, minimizó el impacto de las medidas de fuerza al sostener que el nivel de adhesión fue bajo.
Por último, remarcó que el foco actual está puesto en ordenar las cuentas, regularizar pagos y fortalecer la administración del organismo, que brinda cobertura a más de 5 millones de afiliados en todo el país.