MAR DEL PLATA.- ¿Qué piensa Javier Milei cuando piensa en la estructura impositiva para la Argentina? “El RIGI es el faro”, dijeron fuentes oficiales que transitaron el °60 Coloquio de IDEA. “Esa es la estructura tributaria que debería funcionar como un anticipo”, agregaron sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece una baja del impuesto a las ganancias de 35% a 25%, la devolución del IVA y retenciones cero para exportaciones que surjan de las inversiones mayores a US$200 millones, las únicas que -por ahora- pueden ingresar a ese modelo.
Además, el RIGI garantiza estabilidad tributaria y aduanera por 30 años. Es todo lo que un empresario presente en un foro empresario, como el que termina hoy en esta ciudad, desea para llevar adelante su trabajo.
Pero para que el Gobierno pueda extender ese proyecto a toda la economía, dijeron fuentes oficiales que pasaron por este Coloquio, es necesario profundizar la motosierra, una “Deep motosierra”, como anticipó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El ministro dejó un concepto claro: para bajar impuestos, pero hay que bajar más gastos.
En su presentación frente a los empresarios, Sturzenegger adelantó que se tomará un examen de idoneidad a 40.000 empleados públicos en diciembre. “No es un mecanismo de expulsión”, aclararon fuentes oficiales poniendo paños fríos. Quien no apruebe el examen no podrá renovar su contrato en el Estado. Llamado de atención a ATE y UPCN.
Sin embargo, según precisaron, podrá volver a rendirlo.
La prueba tiene dos módulos, uno para profesionales y otro para no profesionales, contaron. En el primero, habrá preguntas sobre la administración pública, que requerirán el estudio de un manual que se publicará próximamente. Para los no profesionales, será un examen más básico, con comprensión de texto y lógica, entre otros tópicos.
En Casa Rosada afirman que el paso de la motosierra en el empleo público de la administración nacional hizo caer de 210.000 trabajadores en diciembre pasado a los actuales 185.000 trabajadores. Allí, confirmaron, seguirá el ajuste. No habrá tantos retoques en seguridad y fuerzas armadas (donde hay 200.000 empleados), y sí, esperan muchos, entre los 80.000 trabajadores de las empresas públicas. Allí anticipan más cierres de compañías estatales. “Es muy significativo cuantitativamente”, contó una fuente cuando se le preguntó sobre si seguían viendo una sobredimensión de la plantilla.
“¿Qué se va a hacer con Aerolíneas Argentinas?”, se le preguntó a un funcionario en el Coloquio. “Yo se lo pasaría a los empleados”, contestó y describió que el clima gremial es “muy complejo”, por lo que “sólo se puede arreglar desde adentro”. Anticipó que, si la empresa cerrara, como Varig en Brasil (por un previsible problema con el lesasing de los aviones a una empresa que pasaría a ser casi una cooperativa), el sector aerocomercial podría tener problemas por diez días, que se solucionarían en dos meses. ¿Cómo? “Están entrando cinco aviones de Flybondi y dos de Jet Smart”, dijo.
Atrás de Aerolíneas Argentinas, anticipó la fuente oficial, se viene algo similar para el Correo. “Una desregulación muy fuerte, sobre todo en la última milla”, contaron sobre normas que se vienen. Los cambios entre la AFIP y la Aduana, que llenaron de rumores las últimas semanas, es algo que se cocina –debate- en la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos. Otro “rediseño integral” que llegará en breve es la modificación del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Regimare). El Gobierno viene trabajando hace ocho meses en una “sangrienta” –describieron- pelea con Prefectura.
Casa Rosada, en un conflicto que se abrirá con la gremial empresaria, avanzará sobre los $4500 millones que cobran la Cámara de Comercio y CAME a sus empresas socias. “Eso lo paga el consumidor”, dijo la fuente oficial sobre el costo país argentino y los precios. No dijeron qué cambios se vienen para esos beneficios que esas cámaras consiguieron por ley.
Sobre el sistema de cese que impulsó Sturzenegger y que ninguna empresa en el Coloquio de IDEA adoptó aún –fue un experimento que el ministro de Desregulación hizo en vivo al preguntarle al auditorio cuántos lo habían implementado sin que hubiera manos alzadas- contaron en el Gobierno que hubo más contactos con los gremios, como los gastronómicos de Luis Barrionuevo, que con las empresas para despejar dudas. El Gobierno prometer terminar con la “industria del juicio” gracias a ese nuevo sistema. “El que pierde es el abogado laboralista”, afirmaron en los pasillos del Sheraton. ¿Por qué no avanzó en el mundo empresario? “La gente se paralizó. Si el Estado no te lo dice, el privado no avanza. Va a ser un proceso lento después de tantos años [de presencia del Estado en la economía]”, describió una fuente oficial.
Pero en el Gobierno no se preocupan. Entienden que se está haciendo lo que hay que hacer, que no hay que “marearse con las urgencias”. Por lo menos, eso es lo que les pide a sus ministros el presidente Javier Milei: motosierra, ahora versión “Deep”, y atacar a la casta sindical, empresaria y mediática, muchas de las que tienen un “priripipí (sic) proreforma en estos pasillos”, como los de IDEA, pero después, según califica el Gobierno, terminan siendo “agentes bloqueantes del cambio”.
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