Desde la gestión de Mauricio Macri en 2003, en el Consejo de la Magistratura porteña se estableció un “mecanismo de nombramiento miti y miti” de jueces y fiscales donde tienen una fuerte influencia los operadores judiciales del PJ Juan Manuel Olmos y de la UCR Daniel “Tano” Angelici, coinciden en denunciar los legisladores porteños Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) y Graciela Ocaña (Confianza Pública).
El mecanismo supone usar ciertos “pliegues” del concurso público para la elección de magistrados y así ascender a algunos “recomendados” por sobre otros candidatos que tuvieron mejores puntajes en los exámenes y meterlos en la terna que se envía a la legislatura porteña.
Del Gaiso contó que los “paquetes” de candidatos a magistrados llegan a la legislatura luego de “un acuerdo político” entre Olmos, ex vicejefe de gabinete de Alberto Fernández y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y Angelici, dirigente de la UCR porteña y vicepresidente de la AFA.
Clarín consultó a Angelici y Olmos sobre esta denuncia. Fuentes allegadas al primero afirmaron que “el Tano no tiene influencia sobre el nombramiento de ningún juez”.
Y voceros de Olmos aseguraron que “la novela de Olmos-Angelici es más vieja que el viento. El consejo tiene 9 miembros 3 de la Legislatura (que eligen los bloques), 3 abogados que elige la matricula y 3 jueces que eligen los magistrados”.
“La influencia de Olmos es sobre la minoría de los abogados en el Consejo de la Magistratura y sobre el representante que designa nuestro bloque legislativo”, agregaron.
Las aprobaciones fictas son las menos y no tienen que ver con cómo se seleccionaron los magistrados.
Según Del Gaiso y Ocaña, esos operadores tienen influencia sobre el Consejo de la Magistratura porteña y en la Legislatura.
Actualmente, este organismo está presidido por Karina Leguizamón y tiene a Horacio Corti y Manuel Izura como vicepresidentes. El resto de los consejeros son Luis Duacastella Arbizu, Martín Converset, Marcelo Meis, Jorge Rizzo, Gabriela Zangaro y Lorena Clienti. Fuentes de la magistratura afirman que existen vínculos de Leguizamón, Clienti y Converset con Angelici. Mientras que consideran cerca de Olmos a Duacastella, Rizzo (ex presidente de Colegio Público de la Abogacía de la CABA) y Corti. A Izura lo vinculan con el jefe de gobierno Jorge Macri y a Zangaro, la consideran un miembro de la “familia judicial”.
En ese organismo que propone y destituye jueces “también tiene influencia Genoveva Ferrero, la pareja del juez federal Ariel Lijo”, agregaron.
Ante el “mecanismo del miti y miti” de los candidatos, desde hace años Del Gaiso que responde e Elisa Carrió optó por no votar más “paquetes” lo que provocó que en muchos casos, como el de la jueza Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, sean magistrados “fictos”, es decir sin ser votados en el recinto de la legislatura por lo menos por 40 de los 60 legisladores.
El “mecanismo” se basa en el artículo 18 de la constitución de la CABA que establece que pasados 60 días hábiles de emitido un dictamen en la Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control de la legislatura quedará automáticamente nombrado. Se trata de un mecanismo excepcional que cada vez es más rutinario por la falta de consensos para tener 40 votos.
Y después, como compensación, “muchos de los legisladores que votaron candidatos del miti y miti pasan a ser asesores del Consejo de la Magistratura tras su retiro de la política“, afirmaron.
La jueza Andrade juró el 4 de junio de 2021 en pandemia y con barbijo como una jueza ficta.
En su discurso de jura prometió “vincularse con el ejercicio de mi rol de una manera democrática, lo que incluye el uso de un lenguaje claro de cara visible a los justiciables, con una clara perspectiva de género para generar igualdad”, subrayó.
Andrade trazó un paralelo entre quienes llegan a un juzgado y quienes concurren a un consultorio médico. “Nadie va a esos lugares estando contento; sino, con un conflicto. Ya sea porque está imputado y está transitando un proceso penal; o es víctima o así se siente. Entonces poder atender a eso, como a personas que están dentro de un conflicto, y no como meros papeles o ‘pdfs'”, concluyó.
Más allá de que la jueza haya contado con el apoyo de la titular de Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) y diputada cristinista Vanesa Siley, la forma en que decidió la liberación de los 114 detenidos por los violentos incidentes de la marcha de los jubilados es más que polémica.
Primero, un veterano juez explicó que este tipo de decisiones no se decide en pocas horas y se lo comunica por “WhatApps” a la policía, sino se toma uno o dos días para estudiar caso por caso. Incluso, Ocaña afirmó que la jueza Andrade tenía a mano la ley de Reiterancia, vigente en la CABA, para pedirle al fiscal que en 48 horas le pase los antecedentes de los detenidos y una acusación fundada.
Ocaña recordó que Andrade “no tuvo objeciones” durante una audiencia pública en la Legislatura antes de su nombramiento, pero que “ejerce el garantismo extremo” y “vuelve a dejar en la calle a los violentos de siempre y convierte a los delincuentes en víctimas”.
Del currículum de Andrade se observan relaciones con ONGs vinculada a la teoría garantista del derecho penal del ex juez Eugenio Zaffaroni y también que fue Secretaria en el Tribunal Oral Federal n° 8 que integra la jueza María López Iníguez, quien tuvo votos en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirhcner. Antes de llegar al cargo, hizo toda una carrera de “pinche” judicial.
Lo cierto es que la Junta Etica de la legislatura (a nivel nacional se las llama comisiones) aprobó un dictamen de Andrade como jueza. Se trata del 0032/21 y como pasaron 60 días hábiles sin ser considerada en el reciente quedó nombrada en forma legal como jueza.
Ese despacho al que accedió Clarín dice que “se ha cumplido con lo previsto por los artículos 80 inc. 24, 116 inc. 2, 118, y 120 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como lo estipulado en la ley Nº 6 (texto consolidado por la Ley Nº 6.347 y modificado por la Ley N° 6.306) para la cobertura de un (1) cargo de Juez/a de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas”. Y que conforme “a lo actuado en el Concurso Público N° 60/17 y el orden de mérito definitivo, aprobados por la Resolución CM N° 212/2020 del Consejo de la Magistratura, la candidata propuesta para cubrir el cargo en cuestión es Andrade, Karina Giselle”.
La Junta de Etica, Acuerdos y Organismos de Control está integrada con once diputados. Su presidenta de la Junta, María Luisa González Estevarena (quien responde a Patricia Bullrich y se pasó al bloque liberal) junto , a los diputados Matías López, Juan Pablo Modarelli, Emmanuel Ferrario, Inés Parry, Sol Méndez, Claudia Neira, Matías Lammens, Manuela Thourte, Silvia Imas y Edgardo Alifranco.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentará el próximo lunes una denuncia penal en la Justicia contra la jueza Andrade por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, es decir fallar contra la ley.
En paralelo también los legisladores del Gaiso y liberal Yamil Santoro pidieron al Consejo de la Magistratura porteño iniciarle un juicio político a Andrade por su accionar en el expediente que investiga la violencia en la marcha de los jubilados del miércoles.
Del Gaiso dijo que “bueno sería en algún momento , en donde esta todo en crisis , que la lupa caiga en la Justicia porteña y cómo se resuelven los nombramientos de jueces y fiscales entre dos dirigentes (Olmos y Angelici)”. “Todo el mundo sabe cómo llegan los dictámenes para que la legislatura los vote . No son jueces nombrados por el kirchnerismo . Son acuerdos en lenguaje para entendidos ( Tano / Gordo) , “miti y miti” se vota todo junto”, agregó.
Luego dijo que espera que dirigente Leandro Santoro que “criticaba esto en el pasado. Quizás sea momento que eso , también entre en crisis” y destape el mecanismo por el caso Andrade.
“Más allá de cualquier tecnicismo o vericueto procesal, la jueza Karina Andrade actuó de manera vergonzosa, liberando a los 114 delincuentes detenidos en la marcha del miércoles en 5 minutos. Si estuviera gobernando Alberto Fernández seguramente no lo hubiera hecho”, agregó el diputado de Carrió.
Por eso presentó “una denuncia para que el Concejo de la Magistratura analice su accionar. No revisó las pruebas ni verificó si tenían antecedentes penales (que había desde portación de armas hasta atentado contra la autoridad y robos). La gente está harta de la violencia, indignada y merece que se investigue a fondo qué pasó”.