Un tribunal de Comodoro Rivadavia resolvió mantener la detención del condenado por seis meses más o hasta que la sentencia quede firme, ante la ausencia de objeciones de la defensa.
Una nueva audiencia de control de prisión preventiva confirmó que Ezequiel Painelaf continuará detenido mientras avanza el proceso judicial por el homicidio de Víctor Virreira, ocurrido el 24 de julio de 2022 en el centro de Comodoro Rivadavia.
El control de la medida de coerción, que se realiza cada seis meses, se llevó a cabo el pasado miércoles. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva por un nuevo período de seis meses o hasta que la sentencia quede firme. La defensa no presentó objeciones al pedido.
Desde la Fiscalía se argumentó que no hubo modificaciones en las condiciones que justificaron la detención preventiva. Además, se recordó que Painelaf ya fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a 10 años de prisión, aunque esa sentencia aún no está firme. En este sentido, remarcaron que persiste el riesgo de fuga debido a la gravedad de la pena impuesta.
El caso ya atravesó distintas instancias judiciales. La condena fue confirmada por la Cámara Penal y luego intervino el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de un recurso de queja presentado por la defensa.
La defensora pública indicó que, dado que la causa cuenta con doble conforme —es decir, dos instancias que ratificaron la condena—, no existen herramientas legales en este momento para solicitar una morigeración de la medida. Por ese motivo, no se opuso a la continuidad de la prisión preventiva.
Ante la ausencia de controversias entre las partes, el tribunal resolvió mantener la detención de Painelaf por seis meses más o hasta que la sentencia quede firme, lo que ocurra primero. La decisión se basó en la gravedad del hecho, la pena impuesta y la instancia procesal en la que se encuentra el caso.
La audiencia fue presidida por los jueces penales Mariano Nicosia y Ariel Tedesco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario Alan Larrue, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por la defensora pública María de los Ángeles Garro.