La diputada nacional por la UCR de Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, presentó un proyecto de ley que busca derogar una serie de normas que garantizan beneficios económicos y previsionales al clero católico. En particular, propone eliminar decretos y leyes que asignan pensiones, jubilaciones y remuneraciones a miembros del clero, argumentando que estas disposiciones se encuentran desactualizadas y contrarias a los principios de laicidad y equidad.
Brouwer de Koning sostiene que estas asignaciones representan “privilegios injustificados”, ya que son “no contributivas” y no se ajustan a las necesidades actuales del país, en medio de un contexto de reducción del gasto público. Además, destacó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por el trato preferencial que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras religiones.
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“El Estado debe mantener una posición de neutralidad frente a las diversas religiones”, concluyó, destacando que es necesario evitar el uso de recursos públicos para fines que no benefician a toda la sociedad de manera equitativa. Insistió en que los fondos que se pueden ahorrar deberían ser destinados a áreas con mayor necesidad y “sin importar sus creencias personales”.
La diputada justificó su propuesta en el marco de “fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado” para promover un acceso igualitario al sistema previsional. El proyecto incluye la derogación de varias disposiciones clave, entre ellas:
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– La Ley 21.540, que otorga una pensión vitalicia a los arzobispos y obispos que dejen su cargo por razones de edad o invalidez, equivalente al 70% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia, y al 60% para los obispos auxiliares.
– El Decreto Ley 21.950, que establece una asignación equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia para arzobispos y obispos, y una asignación del 70% de la remuneración mencionada para los obispos auxiliares.
– El Decreto 22.162, que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar una asignación a curas párrocos de zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del personal civil de la administración pública.
– El Decreto Ley 22.430, que concede una pensión vitalicia a sacerdotes seculares de 65 años o incapacitados, equivalente al haber mínimo jubilatorio nacional.
– El Decreto Ley 22.950, que destina una contribución mensual a la formación del clero diocesano por cada alumno en seminarios mayores.