En los tribunales de Nueva York, los fondos Petersen y Eton Park presentarán un escrito para pedir sanciones contra el Estado argentino por presuntas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales en el marco del proceso por la sentencia de más de u$s16.100 millones.
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Demandantes pedirán que Argentina sea declarada en desacato en el marco del juicio por la privatización de YPF.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF en Nueva York, los fondos Petersen y Eton Park avanzan con una nueva táctica para intentar presionar al Estado argentino. Este jueves presentarán ante la jueza Loretta Preska un escrito para que el país sea declarado en desacato y sancionado por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte.
El reclamo está vinculado al proceso de discovery del caso, que obliga a la Argentina a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Los demandantes aseguran que ciertos funcionarios no cumplieron con toda la documentación solicitada y sostienen que eso justifica sanciones adicionales.
Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial rechaza tajantemente la acusación de desacato: aseguran que el país está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes y que ningún castigo puede aplicarse antes de que se ejerza completamente el derecho a defensa.
El conflicto traza su origen en la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF, fallo que los demandantes obtuvieron en 2023 ante Preska.
El Gobierno, por su parte, busca frenar esta ofensiva con una apelación que considera central para su estrategia de defensa, mientras la disputa se mastica entre tecnicismos jurídicos y reclamos de soberanía.
En paralelo, los fondos han advertido que podrían avanzar con multas, presunciones adversas e incluso pedir cronogramas específicos para tratar el desacato si no obtienen la información solicitada.
Más allá del intercambio de escritos, los querellantes intentan demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como ‘alter ego’ del Estado argentino, lo que abriría la puerta a embargos sobre activos de estas instituciones para cobrar la sentencia. El Gobierno rechaza esta interpretación y denuncia un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.
El calendario judicial ya está definido: tras la presentación de los demandantes, la Argentina responderá el 19 de febrero y la contrarréplica está prevista para el 5 de marzo. Luego, en audiencias programadas para fines de ese mes, la jueza Preska evaluará si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones.