El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dio cuenta este lunes en Radio 10 de los delitos penales en los que podría haber incurrido el presidente Javier Milei por promocionar en sus redes sociales el token $LIBRA que resultó ser una multimillonaria estafa que dejó un tendal de víctimas en apenas unas pocas horas.
Gil Domínguez aseguró que no le sorprendió el accionar del mandatario libertario al caracterizar su gestión de gobierno como “autócrata, autonormado y decisionista”. Por estas características, aseguró, que era esperable que “en algún momento este formato tuviera un escándalo de estas proporciones”.
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“A mí no me sorprendió en lo más mínimo porque desde que asumió Milei yo vengo sosteniendo que este es un proyecto de gobierno autócrata, auto normado y decisionista que no gobierna conforme a la Constitución y las leyes, sino conforme al orden jurídico que se va creando”, sostuvo Gil Domínguez en diálogo con Gustavo Sylvestre.
En ese sentido advirtió que era de esperar que “de tanto insistir en gobernar así en algún momento este formato tuviera un escándalo de estas proporciones. Porque no se puede permanente estar eludiendo la Constitución y las leyes y gobernar a partir de una auto normación”.
Ante la consulta de cuáles son los delitos que podrían caberle al jefe de Estado por promocionar la estafa cripto, el abogado detalló: “creo que choca frontalmente contra la Ley de Ética Pública y también creo que penalmente encuadra en el delito de negocios incompatibles con la función pública”.
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“Después, habría que ver en una investigación penal si no se puede ampliar a otros tipos penales como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y algunas otras normas que regulan el funcionamiento de los mercados financieros”, sumó el abogado.
En cuanto a la posibilidad de que se impulse un proceso de juicio político en el Congreso de la Nación, Gil Domínguez consideró esa posibilidad como “prematura en esta instancia”.
En ese sentido, el constitucionalista entendió que “primero hay que esperar que se formule una comisión investigadora en el Congreso, que investigue desde el punto de vista de ética pública y esperar el desarrollo de las causas penales. Sobre ese material luego hacer una nueva evaluación”.
“El juicio político es un instrumento que la Constitución prevé que tiene que utilizarse como último extremo. No le hace bien al sistema institucional un proceso de juicio político, con lo cual me parece que primero hay que estar esta primera etapa de análisis”, concluyó.
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