Mediante un decreto presidencial, el Gobierno del presidente Javier Milei modificará la Ley de Glaciares (N° 26.639), para reducir las zonas protegidas y fomentar la actividad minera e hidrocarburífera. La norma pretende fomentar la instalación de industrias extractivas, la liberación de productos químicos o residuos y la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica.
Alerta ecológica
El derretimiento de glaciares ya preocupa y la modificación de la norma sería más perjudicial. Se redefinen los límites de protección: solo conservarán el status de resguardo aquellas áreas formadas exclusivamente por roca o escombros activos, con más de 1 ha, al menos 2 años de antigüedad y registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Según el Ejecutivo, el decreto brindará “seguridad jurídica” para proyectos de inversión en zonas periglaciares, que enfrentaban incertidumbre bajo la normativa actual.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, junto a la Secretaría de Energía (María Tettamanti), Coordinación de Energía y Minería (Daniel González) y la Secretaría Legal y Técnica (María Ibarzabal).
Consecuencias para el ambiente
Las zonas periglaciares cumplen un rol hidráulico crítico: regulan cursos de agua, actúan como reguladores térmicos. Por eso, su vulneración podría comprometer la disponibilidad de agua dulce en cuencas clave.
Organizaciones como Greenpeace Argentina ya advirtieron que “modificarla para favorecer inversiones sin controles estrictos es una señal peligrosa”, ya que estos ambientes actúan como reservas estratégicas frente al cambio climático.
En 2024, durante el tratamiento de la “Ley de Bases”, ya se habían propuesto modificaciones similares, pero se retiraron por falta de apoyo en el Congreso. Incluso, la ONU advirtió en febrero de 2024 que estos cambios eran “regresivos” y podían menoscabar el entorno para defensores ambientales.
La respuesta de Greenpeace
En este marco, la organización ambientalista Greenpeace manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se formalice un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares y advirtió que esta decisión abrirá la puerta a la destrucción de gran parte del ambiente periglacial, reduciendo áreas hoy protegidas y poniendo en riesgo una de las reservas estratégicas de agua dulce más importantes del país, lo que implica un riesgo para el futuro socioambiental de la Argentina.
De esta forma, expresaron que la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue un logro histórico demillones de personas y cientos de organizaciones civiles, que estableció salvaguardas estrictas para proteger a los glaciares y al ambiente periglacial, áreas críticas para el almacenamiento de agua y la
regulación climática. La normativa, pionera en la región, establece prohibiciones a actividades que puedan dañarlos, como la minería y la explotación hidrocarburífera, reconociendo la importancia de estos ecosistemas en la lucha contra la crisis climática y en la provisión de agua para millones de personas.
En este sentido, Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, advierte sobre esta decisión que “avanzar con la modificación de esta ley implicaría una seria regresión en las políticas ambientales del país. Además, ignoraría y vulneraría gravemente los
compromisos internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, así como el principio fundamental que impide retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados. No permitiremos que toquen a la ley de Glaciares. Y no avalaremos que le emitan condena a los glaciares argentinos”.
Los glaciares no solo son imponentes formaciones naturales, sino también reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a comunidades, ríos y ecosistemas. Su agua de deshielo regula los caudales de ríos en todo el país, una función vital en épocas de sequía; y aseguran agua para el consumo, la agricultura y la generación de energía. Además, son un indicador clave de los impactos de la crisis climática y un baluarte para la biodiversidad. Sin ellos, los efectos del calentamiento global y la escasez hídrica serían aún más devastadores, con consecuencias irreversibles para los ecosistemas y las comunidades.
Por este motivo, desde Greenpeace llamaron a la ciudadanía a unirse en la defensa de los glaciares. “Hoy, más que nunca, la ciudadanía debe alzar la voz para proteger a los glaciares. Sin ellos, la vida en el planeta es inviable. Avanzar con una reglamentación que disminuya la protección del ambiente periglacial, sólo traerá el deterioro irreparable de estos majestuosos cuerpos de hielo.
Permitirlo es condenar el acceso al agua y el equilibrio climático de las futuras generaciones.”, agregó Rossi Serra.