La Unicameral de Córdoba aprobó una ley que faculta al Ministerio de Cooperativas Mutuales y Vivienda, a cargo del ministro Brandán, a trabajar en articulación con municipios y cooperativas para generar lotes con servicios destinados a familias de clase media sin acceso al mercado inmobiliario tradicional. La norma, impulsada por el oficialismo, busca atender un déficit habitacional que el propio gobierno estima en más de 230.000 familias en toda la provincia.
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La sanción abrió de inmediato un cruce legislativo. Parte de la oposición calificó la ley de inconstitucional y la comparó con modelos de intervención estatal que, a su juicio, destruyen el derecho a la propiedad privada.
Qué dice la ley y cómo la defiende el oficialismo
El legislador oficialista Matías Chamorro explicó que la norma no habilita al ministerio a expropiar lotes a discreción. Según precisó, son los municipios y las comunas quienes conservan la autonomía plena sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y el desarrollo urbano.
“Lo que se aprobó anoche reivindica y consolida la autonomía municipal”, señaló Chamorro. En ese marco, detalló que si un municipio ya cuenta con tierra propia, la provincia acompaña con infraestructura básica. Si no la tiene, recién ahí puede intervenir la provincia con alguna expropiación, “que lo indique el intendente, no a gusto y placer de lo que diga el ministerio de Cooperativas“.
El legislador oficialista también delimitó el público al que apunta la política: familias que tienen ingresos pero no alcanzan el umbral del mercado privado. “El desarrollismo está dirigido a una franja de la sociedad que tiene de 40.000 dólares para arriba para poder acceder a su terreno”, afirmó. Las cooperativas, con su lógica sin fines de lucro y de ayuda mutua, permitirían, según Chamorro, bajar ese umbral para “la clase media que hoy es la más golpeada en este país”.
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El gobernador había anunciado el 1 de febrero, en su discurso inaugural ante la Legislatura, una primera etapa de 10.000 lotes. El Ministerio de Cooperativas está realizando un relevamiento junto a municipios y cooperativas para definir disponibilidad territorial y prioridades según cada localidad.
La oposición: “Es una ley chavista”
Hernández Maqueda fue categórico en su rechazo. Para el legislador opositor, la norma delega en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo, y lo hace de manera genérica, sin individualizar los bienes a expropiar como exige la Constitución.
“Es una ley inconstitucional, es una ley nula de nulidad absoluta insanable. Va a generar una crisis del sistema jurídico de la propiedad privada tremenda”, sostuvo. Y fue más lejos en la caracterización: “Esto es directamente soviético chavista lo que han hecho. La ley votada ayer es una ley chavista”.
El legislador advirtió que la norma deja un margen de discrecionalidad peligroso al no establecer criterios objetivos para determinar qué bienes pueden ser expropiados ni bajo qué condiciones. “Es la destrucción total y absoluta de la noción de propiedad privada. Hoy todos los bienes de los cordobeses están a merced de lo que quiere hacer el señor ministro de Cooperativas“, afirmó.
Más allá del cuestionamiento jurídico, Hernández Maqueda planteó objeciones de orden político y social. Argumentó que la ausencia de criterios objetivos para la asignación de lotes abre la puerta al uso político de la vivienda.
“No creemos que esta política va a dar verdadera satisfacción, sino que va a terminar en más clientelismo y además se presta para la corrupción porque no hay criterios objetivos”, sostuvo. También señaló el impacto fiscal de las expropiaciones: el Estado deberá pagar indemnizaciones con fondos públicos y eventualmente enfrentar juicios que, en su visión, podrían extenderse durante décadas.
Dos visiones sobre el rol del Estado en la vivienda
El cruce entre ambos legisladores expone una diferencia de fondo sobre el rol del Estado en la política habitacional.
Chamorro defiende la intervención pública como respuesta a una falla del mercado. “Vale porque el mercado no está dando las soluciones que necesitamos”, sostuvo, y recordó que a nivel nacional tampoco están fluyendo los créditos hipotecarios.
Hernández Maqueda, en cambio, sostiene una posición liberal explícita. “Desde una posición liberal, el mercado de la vivienda tiene que estar precisamente en manos del mercado y no en manos del Estado”, afirmó.
Qué sigue
El oficialismo avanza con el relevamiento territorial para definir dónde se radicarán los primeros 10.000 lotes comprometidos por el gobernador. El proceso involucra a municipios y cooperativas de toda la provincia, con criterios que variarán según la capacidad de cada localidad.