9, julio, 2025

Llaryora y Passerini cargaron contra Nación por inacción en rutas y retención de fondos

Las diferencias entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales volvieron a quedar en evidencia con declaraciones desde el ejecutivo provincial y municipal. El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini cuestionaron la política fiscal y de obra pública de Javier Milei, con críticas centradas en el desarme de Vialidad Nacional y la falta de envío de fondos.

Durante la presentación de un proyecto de ley para modernizar la gestión de caminos rurales en el Centro Cívico, Llaryora cuestionó la decisión de cerrar Vialidad Nacional y se mostró crítico con la gestión centralizada desde Buenos Aires. “Nos gobiernan desde la Capital tipos que en su vida han estado en el interior de la Argentina”, afirmó.

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El mandatario provincial destacó la importancia de las rutas nacionales para el desarrollo del país y advirtió sobre los riesgos que implica el deterioro de la infraestructura vial. “Me interesaría saber quién va a arreglar los caminos nacionales que están totalmente rotos poniendo en riesgo la vida de la gente”, señaló.

Por su parte, el intendente Daniel Passerini llevó sus críticas a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, donde denunció que “la Nación se queda con la plata de las provincias y los municipios y así es muy fácil decir que tienen superávit fiscal”.

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Passerini remarcó que los municipios afrontan la crisis al asumir responsabilidades que el Gobierno nacional desliga y destacó que un 30% del precio de la nafta corresponde a impuestos nacionales cuyos fondos específicos son retenidos por Nación. Además, cuestionó medidas como el aumento de retenciones al agro y el cierre de Vialidad Nacional, que, según dijo, evidencian “una demostración más de que, lejos de resolver los problemas, se desentienden de las responsabilidades”.

El gobierno de Javier Milei mantiene una política de ajuste basada en la reducción del gasto público, el congelamiento de la obra pública nacional y el envío limitado de transferencias discrecionales. Esto ha generado tensiones con los gobernadores, que reclaman por autonomía financiera y federalismo real.

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