No siempre el autócrata gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro es tan vehemente en sus declaraciones públicas como las que suele expresar contra el presidente argentino, Javier Milei. En ocasiones, emula a su antecesor en el cargo, Hugo Chávez, y ejerce una diplomacia relacionada con los negocios.
Una seducción al capital. Después de todo, Maduro y sus bolivarianos están asentados sobre un lago enterrado de petróleo y sus negocios funcionan, según importantes analistas internacionales, aceitados por el dinero negro y sucio que produce el crimen organizado y que, también, es combustible fundamental en algunas democracias consolidadas de Occidente que enseñan una fachada de instituciones republicanas incorruptibles.
Ahora bien, la crisis electoral por el gigantesco fraude que ocasionó el régimen bolivariano el pasado 28 de julio, solo tiene como resultado una fuga hacia adelante de los popes del chavismo, que han decidido pelearse con medio mundo, incluidos, algunos de sus viejos aliados del Foro de San Pablo.
Y, en ese sentido, Nicolás Maduro decidió la retirada de embajadores de varias naciones que han puesto en duda unos comicios en los que se volvió a “caer el sistema”, como sucedió a fines del siglo pasado en México durante la elección presidencial que consagró a Carlos Salinas de Gortari y dejó en el camino a un ascendente y popular candidato como fue Cuauhtémoc Cárdenas. La caída del sistema se produjo por la intervención de los capos del desaparecido todo poderoso cártel de Guadalajara y el resto es historia.
Empresarios con lazos con Caracas, afectados
Pero, la retirada de la embajadora Stella Lugo Betancourt de Buenos Aires, una de las referentes más importantes del régimen bolivariano muy ligada al gobierno de los ayatollahs iraníes, es la antesala de una ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela que derivará en una interrupción de la comunicación entre los dos países e incluso se adoptarán medidas que tendrán profundas consecuencias económicas.
Entre ellas, quedarán congelados los negocios entre empresarios argentinos y militares y funcionarios chavistas que Nicolás Maduro viene aceitando desde los tiempos de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Los principales perjudicados en la Argentina serán empresarios reconocidos y otros no tanto, como, Cristóbal López y Juan Ignacio González Pedroso, del Grupo Clear, un holding fundado por López con intereses en la recolección de residuos, tiene licencia para operar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y socio de Hugo Moyano en la empresa postal OCA.
Pero, también, los negocios promovidos por la diplomacia experta en valijas repletas de dólares, se complicarán para la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, compuesta por cerca de 70 empresarios que fueron a Caracas a cerrar acuerdos comerciales de la mano del ex embajador nacional en el país caribeño, Oscar Laborde. Así como el interés de Cristóbal López o José Luis Manzano para analizar inversiones en hidrocarburos, en el sector agrícola y el turismo, según publicó la propia prensa venezolana afín al régimen.
El ex embajador nacional en Caracas, durante la gestión de Alberto Fernández, Oscar Laborde, dueño de una personalidad aparentemente confundida porque más que defender los intereses nacionales parecía un funcionario más de Maduro, es el mismo que dijo públicamente, “fracasó el cerco diplomático y económico que querían hacer a Venezuela, que hoy está de pie. Todo lo que se dice sobre Venezuela son calumnias”.
Y, acto seguido, intentó recrear un clima de negocios que había sido clausurado por el presidente Mauricio Macri cuando trascendieron los reportes secretos de empresarios argentinos que hicieron negocios con el chavismo. Eran tiempos de fideicomisos para todos y todas y el que suscribieron en 2003 Néstor Kirchner y Hugo Chávez, tuvo una filtración escándalosa de la Unidad Financiera que dejo al descubierto operaciones millonarias de empresarios locales que habrían encubierto sobornos a funcionarios.
El escándalo llegó a la Justicia Federal y varios expedientes se archivaron ante la falta de colaboración venezolana, pero muchos otros permanecen en trámite. Solo hubo dos acusaciones contra argentinos por supuestas maniobras ilegales dentro del fideicomiso bilateral: el caso del empresario Juan José Levy, ya procesado por lavado de dinero, y dos empresarios locales vinculados a la firma Trinswol SA, que fueron indagados por el juez Marcelo Aguinsky por la supuesta exportación de cereales con sobreprecios. La Justicia argentina investigó si se inflaron los precios de esas ventas con objetivo de conseguir los dólares a precio preferencial que entregaba el gobierno venezolano.
Macri cortó por lo sano y dio de baja el fideicomiso y la era de los grandes negocios con la nomenclatura bolivariana finalizó y solo pudo ser repuesta a medias por el embajador de Alberto Fernández, Oscar Laborde, pero a un nivel de cabotaje si se comparan las cifras de los tiempos de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Julio De Vido.
Negocios con foco en el sector energético
El interés está presente en la actualidad en el sector energético porque la Argentina apuesta a recibir inversiones millonarias para la explotación de recursos energéticos no convencionales de Vaca Muerta que deja afuera a varias pymes especializadas en la explotación tradicional de petróleo.
Aldyl Argentina logró cerrar un contrato y presta servicios de forma integral en el campo Morichal Pesado, en el Estado de Monagas. En declaraciones a la publicación especializada, Más Energía, Julián Arostegui, presidente de Aldyl Argentina, comentó la experiencia de la compañía en tierras venezolanas: “Desde hace más o menos un año y medio identificamos Venezuela como una oportunidad como empresa. Venezuela es la mayor reserva más grande de crudo pesado del mundo, llegó a producir 3 millones de barriles, hoy produce unos 850.000, y tiene una infraestructura muy desarrollada y en el último tiempo muy requiriente de servicios”.
“La oportunidad es muy grande, primero porque el método es es una explotación convencional, a diferencia de hoy lo que está creciendo en Vaca Muerta. Se abre una oportunidad muy grande para un montón de empresas pymes de Argentina que quizás todavía están un poco afuera del negocio del no convencional, de poder mirar a Venezuela, con muy buenos precios en los servicios, con infinidad de campos para desarrollar”, afirmó el empresario.
Patricio Passet, es el presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, y no está de acuerdo con la posición de la administración de Javier Milei, de intentar incrementar las sanciones contra el régimen de Maduro. Para Passet y Laborde, “Riesgo hay en cualquier país. Nosotros lo que vemos es que con este gobierno se ha logrado una estabilidad económica que permite prever que lo que acá se invierta pueda tener futuro y son muy atractivas las posibilidades que hay”, explicó el empresario a medios gráficos de Caracas.
Explicó que en materia de agroproducción, ya existen 50.000 hectáreas que están plantando productores argentinos y apuntan a seguir creciendo en cantidad de hectáreas, así como en crear una empresa de servicios en el sector.
Todas estas inversiones quedarán en entredicho y desamparadas tras la movida electoral fraudulenta de Nicolás Maduro, que ha decidido avanzar hacia la ruptura de las relaciones entre Argentina y Venezuela.
Preocupación por documentación sensible
Solo los contactos extra oficiales de dirigentes de La Cámpora, que fueron los primeros en felicitar a Maduro en el país junto a la delegación capital del gremio ATE, mantendrán con vida los negocios entre los empresarios argentinos y los dirigentes venezolanos.
Y, hasta cierto punto, porque la preocupación más grande de la plana mayor kirchnerista pasa por estas horas por la posibilidad que Maduro sustente su posición de presidente reelecto y no se revise el proceso electoral.
De suceder una situación política de esta naturaleza, el kirchnerismo ingresaría en una zona de ataque de nervios porque si hay un cambio en el gobierno en Caracas, muchos documentos, hoy vedados a la opinión pública, podrían abrirse para mostrar pruebas de operaciones que nunca fueron comprobadas, sobre todo el saldo de los fideicomisos de intercambios entre ambos países.
Después de toda la trama política empresarial de los intercambios en la época de oro de la “patria grande” permanecen ocultos a la investigación de la Justicia federal argentina por la nula colaboración del gobierno de Nicolás Maduro. Nadie de ese sector político nacional mencionado en esas causas, dormirá tranquilo si Corina Machado y González Urrutia logran revisar una proclamación presidencial totalmente viciada por la ilegalidad.