La Subsecretaría de Políticas Universitarias exigió a los rectores un plan de contingencia para sostener el ciclo lectivo en medio del conflicto por el financiamiento universitario.
El Gobierno Nacional intimó a los rectores de las universidades públicas a presentar planes de contingencia para asegurar el dictado de clases y evitar que se vea afectado el ciclo lectivo, en el marco de una serie de medidas que lleva adelante el sector gremial de docentes y no docentes universitarios. La decisión fue dada a conocer por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el foco puesto en garantizar la continuidad académica mientras continúan las medidas de fuerza en distintas casas de estudio del país.
La decisión llega además a pocos días de una nueva marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello expresó su “extrema preocupación” por la suspensión de actividades académicas en varias universidades y pidió a las autoridades que informen qué mecanismos prevén aplicar para sostener el funcionamiento del sistema. Entre las alternativas mencionadas aparecen modalidades virtuales, reprogramación de clases y esquemas para que docentes que no adhieran a los paros puedan continuar con sus tareas.
El objetivo, según plantearon en un comunicado, es evitar que los estudiantes pierdan regularidad, se posterguen mesas de examen o se vea interrumpido el desarrollo normal del calendario académico. El reclamo oficial se da en medio de una fuerte discusión por el financiamiento del sistema universitario. Desde Capital Humano vincularon el planteo con el uso de recursos públicos y remarcaron que el presupuesto destinado a las universidades debe estar orientado al cumplimiento de fines educativos.
Mientras tanto, desde el sector universitario crece la tensión de cara a una nueva protesta nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con la Federación Universitaria Argentina y gremios docentes, convocó a una marcha federal para el 12 de mayo para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Desde las universidades sostienen que la norma es clave para garantizar salarios, becas, investigación y funcionamiento básico del sistema. Será la cuarta gran movilización universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei y vuelve a poner en escena uno de los conflictos más sensibles entre el Gobierno y las casas de estudio públicas.
Por otro lado, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades. La decisión fue adoptada por el juez de primera instancia Martín Cormick, a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución alcanza a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establecen la recomposición de salarios docentes y no docentes, así como la actualización de partidas presupuestarias y becas estudiantiles. En la práctica, lo que queda en suspenso es la posibilidad de ejecutar judicialmente el cobro de esas obligaciones por parte del Estado.
La medida responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el pasado 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso al máximo tribunal. Ese planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá definir si habilita la instancia ante la Corte. Cabe recordar que el mismo tribunal había fallado previamente a favor del Consejo Interuniversitario Nacional el 31 de marzo, confirmando la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley y actualizar los fondos destinados a las universidades.