Mediante un decreto, se formalizó un adelanto de hasta $400.000 millones para jurisdicciones con dificultades temporarias de caja. Los fondos, que incluyen a tres provincias patagónicas, deberán ser reintegrados en 2026 con intereses.
El Gobierno nacional oficializó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para doce provincias. La asistencia busca aliviar tensiones temporarias para el cumplimiento de pagos corrientes y compromisos de deuda. La medida fue habilitada mediante el Decreto 219/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
Los fondos serán administrados por la Secretaría de Hacienda. Según el decreto, distintas provincias solicitaron ayuda para superar dificultades financieras inmediatas derivadas de la ejecución presupuestaria. Entre las beneficiarias se encuentran Chubut, Santa Cruz y Río Negro, tres distritos patagónicos que en los últimos meses han manifestado preocupación por la caída de ingresos y el impacto de deudas acumuladas.
Además de las provincias del sur, la asistencia alcanza a Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. La Secretaría de Hacienda definirá el monto que recibirá cada distrito en función de su capacidad de repago y su participación en la recaudación nacional.
Los anticipos funcionan como adelantos sobre los recursos que corresponden por coparticipación federal. Por ello, el reintegro se realizará mediante retenciones automáticas de esos fondos, un mecanismo que requiere la autorización formal de cada provincia interesada. El decreto establece una tasa de interés del 15% nominal anual desde el momento del desembolso hasta la cancelación total.
La normativa también faculta a la Secretaría de Hacienda a firmar acuerdos particulares con cada jurisdicción y a definir las condiciones operativas de los pagos. En paralelo, modifica el esquema aplicado previamente a Entre Ríos para unificar criterios y adoptar la misma tasa de interés vigente.
En el caso de las provincias patagónicas, la medida alcanza a administraciones que han advertido sobre la necesidad de sostener la caja para cumplir con salarios, servicios y obligaciones de deuda. El decreto señala que las provincias enfrentan “situaciones transitorias” que comprometen su funcionamiento financiero y requieren medidas inmediatas para evitar riesgos de incumplimiento.
La implementación quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que definirá los cronogramas de desembolsos y devolución. A su vez, la Contaduría General de la Nación contabilizará las erogaciones como anticipos de la Tesorería General.