El conflicto por el financiamiento universitario se intensifica en Chubut, mientras informes indican que el Estado dejó de percibir el doble de lo que costaría la ley en beneficios fiscales.
El conflicto por el financiamiento de las universidades volvió a las calles este martes con marchas en todo el país, incluida una masiva movilización en Comodoro Rivadavia. Mientras el gobierno nacional sostiene que no cuenta con recursos para aplicar la ley aprobada por el Congreso, informes especializados advierten que el Estado resignó el doble de ese monto en beneficios fiscales vinculados a Bienes Personales.
La crisis del sistema universitario volvió a quedar expuesta este martes durante una nueva Marcha Federal Universitaria que tuvo réplicas en distintas ciudades del país. En Comodoro Rivadavia, la movilización reunió a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales que marcharon desde la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hasta el centro de la ciudad en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante la protesta, las autoridades universitarias advirtieron que el presupuesto aprobado para 2026 quedó rápidamente desactualizado frente a la inflación acumulada en el primer cuatrimestre y denunciaron que el gobierno nacional continúa sin aplicar la norma ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
El conflicto ya escaló a la Corte Suprema luego de que distintas cámaras federales cuestionaran la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley 27.795 mediante el Decreto 759/2025. La norma obliga a actualizar partidas universitarias y contempla además recomposición salarial para docentes y no docentes, en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector.
El argumento central del gobierno de Javier Milei es que cumplir con la ley implicaría un costo fiscal cercano a los $2,5 billones, comprometiendo el objetivo de déficit cero. Sin embargo, un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estimó que la reforma aplicada sobre el impuesto a los Bienes Personales implicó una pérdida de recaudación cercana a los $5 billones entre 2024 y 2025. Según ese análisis, el Estado dejó de percibir, en beneficios fiscales orientados a grandes patrimonios, un monto que duplica el costo estimado para sostener la ley de financiamiento universitario que hoy permanece suspendida.
El impacto de este desfinanciamiento es el más grave desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la inversión real en educación superior cayó un 29%, alcanzando los niveles más bajos desde el año 2006. Si se analiza por alumno, el presupuesto por estudiante se redujo a $2,4 millones, la cifra más baja en al menos dos décadas. La justicia, al dictar una medida cautelar inicialmente a favor de las universidades, advirtió que el deterioro salarial afecta directamente el derecho constitucional de enseñar y aprender.
La situación impacta especialmente sobre los salarios docentes y no docentes. Gremios universitarios aseguran que el poder adquisitivo perdió alrededor de un 40% en los últimos tres años, mientras continúan congeladas partidas destinadas a funcionamiento, becas estudiantiles y hospitales universitarios. Mientras la discusión continúa ahora en la Corte Suprema, el conflicto universitario dejó de girar solamente en torno al ajuste presupuestario y pasó a instalar una discusión política más amplia: cómo decide el Estado distribuir los recursos disponibles y qué sectores resultan finalmente priorizados.