En plena escalada del conflicto docente, la legisladora Brenda Austin (UCR) fogonea la sanción de una ley para crear una “Cláusula de Garantía Salarial Docente” que fije un piso salarial y establezca una actualización automática mensual atada a la inflación. La iniciativa en cuestión, que en el fondo cuestiona la estrategia salarial del gobierno de Martín Llaryora, será llevada al recinto este jueves junto a un proyecto de resolución que exhorta al Ejecutivo a mejorar la oferta paritaria 2026.
El planteo opositor se produce después de que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazara por unanimidad la propuesta oficial y convocara a un nuevo paro de 24 horas para el día miércoles 11 de marzo con movilización. Los docentes vienen de una huelga que afectó el arranque del ciclo lectivo, con altos niveles de acatamiento en toda la provincia.
En ese contexto, la integrante del bloque UCR decidió llevar la discusión al terreno legislativo al pedir el tratamiento sobre tablas de sus proyectos en la sesión de mañana. Argumentó que la crisis salarial “requiere una respuesta institucional”, aunque el pedido radical se enfrenta a la muralla de la mayoría oficialista que suele rechazar este mecanismo para que siga la dinámica habitual de comisión.
El proyecto de piso salarial establece que todos los componentes del sueldo docente se actualicen mensualmente en un porcentaje no inferior al 100% de la variación del IPC Córdoba o del índice nacional, el que resulte mayor, con carácter acumulativo. Además, incorpora una cláusula de no deterioro que obliga al Ejecutivo a compensar cualquier diferencia si los aumentos acordados en paritaria quedan por debajo de la inflación.
La iniciativa de Austin también prevé un mecanismo de recomposición de la pérdida acumulada en los últimos años, el blanqueo progresivo de sumas no remunerativas en un plazo de 18 meses y la garantía de que el salario básico de un cargo inicial no quede por debajo de la Canasta Básica Total. En caso de que eso ocurra, se activaría una compensación automática.
Otro de los puntos clave es la intangibilidad del salario, que impediría nuevos descuentos o aumentos de alícuotas sin acuerdo previo en paritaria. En esa línea, el proyecto propone revisar deducciones vigentes y reafirma el cumplimiento del 35% del Presupuesto provincial destinado a educación, tal como establece la normativa vigente.
Desde la UCR sostienen que el modelo actual de negociación anual “sin garantías legales” dejó a los docentes expuestos a la pérdida de poder adquisitivo. En los fundamentos de la iniciativa, Austin advierte que mientras la recaudación provincial creció en términos reales en el último período, el salario docente sufrió una caída que impactó tanto en activos como en jubilados.
La parlamentaria de la UCR remarcó que la discusión excede lo sectorial y advirtió que “sin reglas claras que protejan el salario frente a la inflación, la paritaria se convierte en una carrera siempre perdida”. Ante esa lógica, la opositora consideró que “la Legislatura debe asumir su responsabilidad y establecer pisos salariales que no puedan ser vulnerados”.
La pulseada ahora queda en manos del oficialismo, que deberá definir si habilita el debate de una ley que, de aprobarse, limitaría el margen de maniobra del Ejecutivo en la política salarial docente.