Con la nueva fórmula jubilatoria aprobada en el Congreso, el gobierno de Javier Milei presiona a los gobernadores para impedir que la oposición reúna los dos tercios necesarios para ratificar la reforma previsional una vez que sea vetada, mientras comienzan a diseñar un sistema de “jubilaciones diferenciadas” en base a los años de aportes.
Fuentes oficiales precisaron a iProfesional que en el caso de que la oposición reúna los votos para insistir con la nueva fórmula optarán por frenarla vía judicial. “Con los tiempos de la Justicia, esto va a ir para largo”, advierten.
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En caso de fracasar en su intento por dejar sin efecto el aumento, en Balcarce 50 plantean una segunda estrategia: aceptar el incremento y sacar los fondos de otras partidas del Estado para resguardar el equilibrio fiscal. En ese punto entra la negociación con los gobernadores, quienes fueron advertidos acerca de un posible recorte de partidas a las provincias para “tapar el hueco” que generaría la nueva fórmula jubilatoria.
En una jugada similar a la que implementó durante el debate para aprobar la Ley Ómnibus, a inicios de la gestión libertaria, la Casa Rosada busca el apoyo de los gobernadores para evitar que el Congreso ratifique la reforma previsional a través de una clara advertencia: “si avanza el aumento, habrá recortes” que podrían afectar los giros discrecionales a las provincias, en medio del pedido de reactivar la obra pública.
“Lo que aprobó el Congreso es un delirio irresponsable populista. Creen que la plata sale del cofre que tiene un duende”, apuntaron a este portal desde los pasillos de la Casa de Gobierno.
En un mensaje dirigido a los gobernadores, quienes podrían tener la llave para destrabar el conflicto, desde Balcarce 50 indicaron: “El déficit cero no es negociable. Si hay que hacer frente a lo que votaron algunos legisladores, a los que el Presidente bien define como degenerados fiscales, vamos a sacar esa guita de otro lado. Tienen que entender que los recursos no son infinitos”.
Al argumentar su decisión de hacer uso del veto, Javier Milei explicó que la nueva fórmula implica “quebrar el sistema previsional” ya que representa “un incremento de la deuda de u$s370.000 millones, a perpetuidad”. En esa línea, fuentes oficiales descartan la posibilidad de que haya un veto parcial, algo que se analizó tras las primeras horas de la aprobación del texto en el Senado, ya que la normativa “destruiría el equilibrio fiscal que logró el Gobierno”.
El plan del Gobierno para diseñar un sistema de “jubilaciones diferenciadas”
En línea con la idea del Ejecutivo de realizar reformas estructurales, desde uno de los principales despachos de la Casa Rosada plantearon la intención de realizar modificaciones en el sistema previsional.
“Estamos estudiando, a largo plazo, hacer una diferenciación entre los que aportaron toda la vida y quienes hoy reciben la jubilación por moratoria”, reconocieron a iProfesional.
De acuerdo con lo evaluado por el Ejecutivo nacional, “no es justo que quienes aportaron tengan la misma jubilación que los que no lo hicieron y hoy cobran porque adhirieron a una moratoria”.
“No es lo mismo una cosa que otra. Es como si se les otorgara un subsidio“, enfatizó la fuente consultada, quien detalló que “cerca de 3 millones 700 mil jubilados entraron por moratoria y no por aportes”.
Si bien reconocen que no será una medida que podrá implementarse “de un día para el otro”, desde las usinas libertarias destacaron que “este tipo de decisiones sólo tendrán el acompañamiento de la sociedad si se continúa y se gana la batalla cultural”.
“El kirchnerismo le hizo creer a la gente que los recursos son infinitos, pero tienen que empezar a entender que no es así. Nuestro sistema previsional está quebrado y a futuro puede ser peor. Es necesario fomentar el empleo registrado porque ahí está la caja para el pago de nuestros jubilados”, sostuvieron.
Por qué el Ejecutivo se tomará unos días para vetar la nueva fórmula de actualización
En el Ejecutivo indicaron que el jefe de Estado no tiene “prisa” para vetar la ley sancionada por el Congreso de la Nación, ya que tiene “10 días” hábiles desde la sanción de la normativa para dejar sin efecto la nueva fórmula.
“Una vez que el Congreso manda al Poder Ejecutivo la aprobación de la ley, el Presidente tiene diez días hábiles para responder con veto o aprobación. No hay que desesperarse. El Presidente dijo que la veta, pero todavía está la posibilidad de que sea un quasi veto total, porque el artículo de la fórmula ya está aprobado y sería lo único que contemplaría el Ejecutivo”, explicaron desde Balcarce 50.
A pesar del veto presidencial, los legisladores opositores saben que cuentan con los números para revertirlo. Lo que sucede es que, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución Nacional, una ley vetada total o parcialmente por el Poder Ejecutivo debe volver a la Cámara de origen, en este caso Diputados, y si allí es ratificada con mayoría de dos tercios de los presentes pasa a la Cámara revisora, que sería el Senado, donde la confirmación por la misma mayoría obliga al Gobierno a promulgar esa ley.