El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó la medida de la administración libertaria. Se trata de otro paso del plan de reforma del Estado
10/10/2024 – 12:38hs
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El Gobierno anunció que llevará adelante un proceso para evaluar la idoneidad de los trabajadores estatales, según lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia en Casa Rosada. Se trata de un examen que abarcará a 40.000 empleados públicos y se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.
“En linea con la racionalización del Estado, el Gobierno ha decidido tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados. El examen va a ser online, está establecido en la Ley Bases y, solo para aclararlo, las personas discapacitadas no van a participar del examen en primera instancia”, sostuvo el portavoz. Además aclaró que se llevarán a cabo en diciembre, a razón de dos mil por día.
El portavoz puntualizó, también, que los exámenes, bajo la modalidad virtual, “van a estar coordinados con la UBA”, pero evitó dar mayores precisiones.
Sobre cuáles van a ser los criterios de idoneidad, el vocero admitió que aún no están definidos y consideró que se van a evaluar “puntos muy elementales, como para cumplir las tareas básicas o las tareas de cada puesto”. Y señaló que quienes sean contratados “desde enero también van a tener que pasar por estos exámenes y va a ser una práctica normal y habitual”.
Minutos después del anuncio, desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger precisaron que los exámenes se tomarán “a todos los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre y no para personal de planta permanente”.
“Va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después por supuesto van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato”, agregaron desde esa cartera.
Nuevos requisitos para trabajar en el Estado
En agosto, a través del decreto 695/2024, el Gobierno argentino estableció una serie de modificaciones significativas en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.
Este decreto reglamenta el Título II de la normativa vigente.
Una de las principales innovaciones es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.
El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”.
En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días. Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera.
También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica“.
El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación.
El régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.