El fiscal federal Franco Picardi, responsable de la investigación por presuntos hechos de corrupción alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, rechazó este miércoles el pedido de nulidad de la defensa de la compañía investigada como responsable del pago de coimas.
El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, había pedido anular la investigación que inició hace casi un mes y “en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso”.
Considera el defensor que se impulsó una “caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita -para el caso de que sean verdaderas- y que dieran sustento a una denuncia penal de claro tinte político”.
Hay que recordar que el abogado requirió una pericia técnica sobre la grabación de Diego Spagnuolo, conversación en la cual hace referencia a un esquema de sobornos que involucraría a Eduardo Lule Menem y a Karina Milei.
Para el abogado esa conversación filtrada a ciertos medios de comunicación, fue obtenida de manera ilícita motivo por el cual, no podría utilizarse para dar inicio a una causa penal.
En el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal Picardi postula que dicho planteo es “errado, contradictorio, carente de sustento evidencial, y cuyo fin litigioso, únicamente, busca entorpecer el desarrollo de una investigación -incipiente- que se ha llevado a cabo -y se lleva, y llevará- respetando las reglas constitucionales y procesales vigentes”.
En otras palabras, escribió Picardi, “frente a la ausencia de una teoría del caso consolidada respecto al planteo, la defensa técnica de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker intentó poner en tela de juicio el actuar de esta justicia penal federal, utilizando diversas hipótesis y suposiciones que no puede sostener de ninguna manera pero que, además, se presentan como antagónicas”.
Se refirió en este punto a los aspectos volcados en los dos escritos de la defensa, donde sostuvo que el caso se inició en base a: “grabaciones adulteradas o creadas por inteligencia artificial; (grabaciones obtenidas de forma ilícita para el caso que sean verdaderas; y, una denuncia de tinte político, sin explicar a qué se refiere”.
La fiscalía entiende que lo del abogado es un “intento infundado -basado en puras opiniones personales y suposiciones sin respaldo evidencial o cuanto menos argumental- de teñir de ilegal el actuar de la justicia penal federal para alcanzar el cierre del caso”.
Al momento de explicar porqué pidió al juez Casanello que rechace el planteo de la familia Kovalivker, la fiscalía sostuvo que los planteos nulidad exponen una “ausencia total de solidez en sus postulados”.
Al continuar con sus argumentos Picardi señaló que los planteos resultan “llamativos, puesto que denotan la carencia de coherencia interna en los planteos: es esto, pero si no es esto, es esto otro”.
Entonces, a este tipo de planteos, en el marco de un caso vinculado a posibles maniobras de corrupción entre determinados funcionarios públicos del Estado Nacional y una parte del sector empresarial de la Argentina, emparentado a las droguerías nacionales, “no se le debe dar lugar, ni respuesta favorable”, explicó Franco Picardi.
En el dictamen se reiteró que se trata de una “investigación incipiente, en pleno curso, que ha respetado las reglas establecidas para su desarrollo”.
Por eso, Picardi cree que “los planteos defensistas no logran quebrar la legitimidad de las actuaciones”.