Este viernes, las y los diputados del Frente de Izquierda Unidad presentaron un Proyecto de Ley que reclama la derogación de la Resolución 300/2025 de la Administración de Parques Nacionales.
El texto, que tiene la fima de los cinco diputados de la izquierda propone.
– ARTÍCULO 1: Deróguese la Resolución 300/2025 de la Administración de Parques Nacionales, con fecha 29 de septiembre, que fue publicada en el Boletín Oficial el 1 de octubre del corriente año.
– ARTÍCULO 2: Déjese sin efecto y declárese nulo de nulidad absoluta e insanable todo acto previo administrativo o jurídico resultante de aquellas y lo actuado con posterioridad.
– ARTÍCULO 3: Restitución del principio de intangibilidad y que se garantice la participación de comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y ciudadanía en general en las decisiones sobre los Parques Nacionales.
¿Qué dice la Resolución 300/2025?
La Resolución 300/2025 de la Administración de Parques Nacionales, con fecha 29 de septiembre, fue publicada en el Boletín Oficial. Lo que hace es derogar resoluciones anteriores, aprobar un documento que se llama “Normas para la Ejecución, Ocupación del Suelo y Uso de las Construcciones en los Parques y Reservas Nacionales de las Áreas Protegidas de la Patagonia”, y establecer una serie de modificaciones del Glosario de Términos del “Reglamento de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales” aprobado por Resolución del Directorio N° 241/2007.
Estamos hablando de modificaciones de indicadores urbanísticos que antes protegían zonas ecológicas de los Parques Nacionales que tendrá un impacto ecológico muy grave con consecuencias muy negativas como la fragmentación de corredores biológicos, la amenaza sobre especies en peligro (huemul, huillín, aves endémicas), el riesgo sobre cursos de agua dulce, cuencas y soberanía hídrica y el despojo territorial de las comunidades.
Esto significa una suerte de refundación del concepto mismo de Parque Nacional, ya que impone una nueva lógica, la de la mercantilización territorial por sobre el principio de intangibilidad ecológica, consagrado en la Ley 22.351 de Parques Nacionales.
Esta no es la primera vez que los Parques Nacionales argentinos son objeto de saqueo. En los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem y con María Julia Alsogaray al frente de la Secretaría de Recursos Naturales, se privatizaron concesiones turísticas en áreas protegidas. El caso emblemático fue la entrega del hotel Llao Llao en Bariloche y las concesiones en el Parque Nacional Iguazú, operaciones teñidas de escándalos de corrupción y sobreprecios.
En esta oportunidad, el Gobierno de La Libertad Avanza más allá de lo hecho por el menemismo. Porque Menem privatizaba la gestión de servicios turísticos dentro de espacios que seguían siendo públicos, en tanto Milei urbaniza el suelo mismo, habilitando la apropiación privada del territorio.
Estamos entonces ante una política de reconfiguración territorial que combina simulacro político, violencia estatal y especulación inmobiliaria que afecta a reservorios críticos de biodiversidad, reguladores del ciclo hídrico, y territorios de memoria histórica y cultural. El Estado argentino se apropia de territorios comunitarios ancestrales para ceder y concesionar los mismos a intereses empresariales.