La maniobra para que la decisión sobre la inhibitoria del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky en la causa por la mansión de Pilar quedó hoy en evidencia.
La defensa de Luciano Pantano, el supuesto testaferro de Pablo Toviggino, con el apoyo de operadores K, llevó el conflicto de competencia a la Cámara Federal de San Martín y no a la Cámara en lo Penal Económico de la CABA como correspondería, resaltaron fueron judiciales. Y lo hicieron un día antes de pedir una prórroga para dar un descargo ante Aguinsky.
Es porque los poderosos que están detrás del monotributista Pantano y su madre jubilada quieren que los investigue el juez de Zárate Campana, Adrián Gonzalez Charvay, un magistrado duro con el narcotráfico pero que sacó fallos a favor del intendente K de Pilar, Federico de Achával.
Pero la primera quincena estaba de feria en el tribunal de San Martín el juez Juan Pablo Salas, un magistrado considerado profesional y equilibrado, según fuentes judiciales. Sin embargo, en vez de expedirse rápidamente por una cuestión sencilla esperó hasta el martes de la semana pasada para pedir la opinión del fiscal de cámara Alberto Gentile. Este opinó que debía decidirse después de la feria judicial de enero el viernes.
Así pasaron los 15 días del turno de Salas y entró de feria Alberto Lugones, quien vota en sintonía con los K en el Consejo de la Magistratura e integra la lista Celeste –la más cercana al peronismo- en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación.
Lugones tiene varias impugnaciones por su rol en la Magistratura. En 2019 fue denunciado por los diputados nacionales por la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió, Paula Oliveto y Juan Manuel López por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de su intervención en el trámite de una denuncia contra el juez federal Ariel Lijo, en la que actuó como consejero instructor.
Al año siguiente fue nombrado presidente de la Magistratura y criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley de Cristina Kirchner que había reducido la cantidad de miembros de ese organismo de 20 a 13 para que el gobierno de turno tuviera más poder en la elección, propuesta y sanción de jueces.
Luego se pronunció -en línea con el presidente Alberto Fernández- que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo “abuso de prisiones preventivas” para evitar hablar de “presos políticos”, en alusión a la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios K en causas por corrupción. Y luego criticó “las situaciones abusivas en el traslado de magistrados” por la designación de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal porteña, como se había hecho más más de cien jueces en los años anteriores.
Si bien la causa abierta por una denuncia de Carrió empezó apuntando a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, que está en jurisdicción judicial del juzgado de Zárate-Campana, luego se amplió a maniobras de lavado de dinero que giran alrededor de la AFA que, hasta ahora, tiene su sede legal en la calle Viamonte y en las últimas semana ha tomado una dimensión internacional que supera ampliamente la cuestión de la mansión de 17 millones de dólares.