Desde que inició su mandato, el Gobierno de Javier Milei implementó una ambiciosa política de reducción del gasto público, enfocada en optimizar la estructura del Estado y eliminar empleos públicos que, de acuerdo a la administración libertaria, no aportaron ningún tipo de valor previo a su apartamiento, disolución o eliminación. Por este motivo es que, desde diciembre del 2023, esta estrategia incluyó la desvinculación de empleados considerados innecesarios o que incumplían con sus labores, como aquellos que no se presentaban a trabajar alegando hacer “home office”, así como la reducción drástica de secretarías y eliminación de ministerios.
En su discurso de asunción, Milei prometió “terminar con el Estado elefantiásico que carga a los argentinos” y desde ese mes, tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, comenzó la misión de reestructurar la administración pública. Los ministerios pasaron de ser 18 a 9, las secretarías de 106 a 53 y las subsecretarías de 182 a 140, de acuerdo a lo que informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta reorganización, como la denominó el Ejecutivo, apuntó a eliminar estructuras redundantes y permitió iniciar la desvinculación de empleados que no cumplían funciones esenciales.
Cronología de los despidos estatales
En marzo del 2024, el Gobierno dio con el cierre de organismos que resultaban ineficientes. Uno de ellos fue la Agencia de Noticias Télam, la cual Milei describió como un “ente propagandístico que no servía a los intereses del país“. Como interventor, Diego Chaher ejecutó la medida, desvinculando a 597 de sus 790 empleados, muchos de los cuales, según el vocero presidencial Manuel Adorni, “no realizaban tareas justificables”. Solo 193 trabajadores fueron conservador para tareas administrativas. También se eliminaron los 59 Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, con 600 despidos. Adorni explicó que estas dependencias “duplicaban funciones de otros organismos”, liberando recursos para los contribuyentes.
En su discurso de asunción, Milei prometió avanzar con la reducción de los gastos del Estado
Un mes después, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, reportó la desvinculación de 15.000 empleados de la APN, enfocándose en contratos temporales (Ley 25.164) que vencieron el 31 de marzo. Entre los casos destacados, Adorni señaló que “miles de empleados no se presentaban a trabajar, alegando home office sin rendir cuentas”. Por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano, se identificaron trabajadores que llevaban meses sin reportar actividades, según un informe interno de abril de 2024. Vialidad Nacional también registró 150 despidos en distritos como Entre Ríos (6 bajas) y La Pampa (4 bajas), donde el administrador Raúl Meza confirmó que los afectados “no cumplían con sus responsabilidades”. El Instituto de Agricultura Familiar fue clausurado, eliminando puestos que el Gobierno consideró “superfluos”.
Ese ajuste se extendió a empresas en julio donde el Ministerio de Economía, comandado por Luis “Toto” Caputo, informó la desvinculación de 4.181 empleados en el Correo Argentino, 1.552 en Aerolíneas Argentinas y 1.240 en AySA. Asimismo, las empresas ferroviarias, como la Operadora Ferroviaria, acumularon 11.200 bajas, según datos presentados al Congreso, convirtiéndose en una de las más afectadas.
En agosto, la AFIP fue reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), impulsando a su vez el despido de 776 personas que, según el Boletín Oficial, no se alineaban con los objetivos de eficiencia. Y, más de 1500 bajas se dieron por retiros voluntarios. Este renombramiento despertó inquietudes y enojo en quienes creían que se trataba de una eliminación, pero no fue más que un movimiento necesario para poder dar con esos apartamientos dado que, por ley, cuando se crea un ente, organismo o secretaría, tipifican cuántos empleados deben tener, lo que imposibilitaría su simple despido. Es decir que, el reemplazo permitió la reestructuración.
La implementación de un examen de idoneidad
En octubre del 2024, Sturzenegger anunció la implementación de un examen de idoneidad que, aproximadamente, unos 40.000 trabajadores debían realizar. Los resultados de la evaluación permitiría retener solo a quienes demuestren ser útiles y estar comprometidos con sus labores. Luego de implementarse, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que el 96% de los que fueron sometidos a este examen aprobaron, limitando la cantidad de despidos con los que el Gobierno quería dar.
A fines de ese año, el ajuste llegó a la Defensoría del Público dando con el despido de 140 trabajadores y quedando inactiva. De acuerdo al interventor Diego de Charras, el organismo “no cumplía con un rol esencial” y por ello el Ejecutivo no consideró su conservación.
Desde que inició el plan de reestructuración del Estado hasta el final del 2024, la cartera de Sturzenegger registró un total de 37.595 desvinculaciones: 22.302 en la APN, 12.410 en empresas estatales y 2.883 en Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y con ello, se dio con un ahorro fiscal de u$s4.412 millones, al tipo de cambio actual: “Estos recursos liberados permiten reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos”, celebró el ministro.
El 2025, otro año de optimización estatal
Este año, el Gobierno de Milei continúa con su promesa de campaña, y esto se vio en el reciente despido de 6.111 trabajadores en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. En este caso, los apartamientos se enfocaron en áreas como la Secretaría de Derechos Humanos, donde se detectaron empleados que no asistían con regularidad.
El CONICET perdió 644 trabajadores que, según el Ministerio de Ciencia, “no contribuían a prioridades estratégicas”. En marzo, Vialidad Nacional anunció la desvinculación de 1.600 empleados, reduciendo su plantilla de 5.400 a 3.800, como parte de la fusión con Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, medida que fue amparado en la derogación de la ley 505/58, que sostenía una estructura sobredimensionada. En ese sentido, el administrador Marcelo Campoy explicó que muchos de estos trabajadores “no realizaban tareas críticas”.
Y, ahora, la gestión libertaria está preparando un nuevo DNU para eliminar 24 organismos, fusionar 15 y reconvertir 16, según anunciaron desde el Ministerio de Desregulación. Es decir que, la motosierra de Milei continuará pasando por más áreas y dando, en consecuencia, con más despidos. Por el momento, de los 70.000 despidos proyectados por Milei en 2024, se concretaron 37.595, enfocados en trabajadores que no cumplían sus labores o que representaban un gasto injustificado. El mes anterior, Milei reiteró que “la motosierra seguirá eliminando ineficiencias”, pero no precisó si tiene nuevas metas numéricas.