El conflicto político en Anisacate sumó un nuevo capítulo este mes con la presentación de un nuevo pedido formal de revocatoria de mandato contra la intendenta Natalia Contini, cuatro concejales oficialistas y dos integrantes del Tribunal de Cuentas. La solicitud fue elevada ante la Junta Electoral y pone en jaque a toda la cúpula del gobierno municipal.
“No tengo ninguna comunicación formal. Solo lo que publican los medios locales”, indicó Contini en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
Se trata del segundo intento de remoción en menos de cuatro meses. El primero se había formalizado en enero de 2025, cuando un grupo de vecinos acusó a las autoridades locales de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y actos de corrupción“.
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“Están muy nerviosos (quienes impulsan la nueva revocatoria). Ayer la justicia nos dio la razón para unos loteos que se les exigirá que realicen obras. Se rechazó el recurso de amparo de los loteadores dándole la razón la municipalidad. Los inversores están muy nerviosos y solo me traen una libre deuda firmada por el intendente saliente. No voy a retroceder“, explicó.
La nueva presentación también se apoya en la Ley 8102, que habilita el mecanismo de revocatoria mediante la recolección de firmas equivalentes al 10% del padrón electoral. Además, el grupo solicitante reclama a la Junta Electoral que defina si las firmas deben estar certificadas —como ocurrió en un proceso similar en Mendiolaza— y que se revise el fallo judicial que trabó la primera iniciativa.
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“El pedido anterior de revocatoria tenía errores formales. Ahora insisten en por ir por un nuevo camino cuando yo profundizo las denuncias judiciales“, precisó la intendente.
En aquella oportunidad, la jueza de Paz subrogante Marisel Ocampo, dejó sin efecto la convocatoria para certificar las firmas, lo que desató críticas entre los impulsores del pedido, quienes denunciaron “maniobras judiciales para frenar el proceso”.
Un clima de creciente tensión
Contini asumió el 10 de diciembre de 2023 tras imponerse en las elecciones por apenas 19 votos, representando al PRO como parte del ala dura que lidera Patricia Bullrich. Su victoria puso fin a tres décadas de gobierno peronista en Anisacate bajo la conducción de Ramón Salazar.
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Desde entonces, la gestión ha sido objeto de fuertes cuestionamientos. Entre las principales críticas figuran el aumento de casi un 600% en las tasas municipales, la eliminación del transporte escolar gratuito y el despido de 80 empleados municipales a pocos días de la Navidad. También se señala la intervención de un centro vecinal y un sistema de notificación por WhatsApp para advertir sobre judicialización de deudas en caso de mora.
Actualmente, la Junta Electoral debe decidir si le da curso al nuevo pedido de revocatoria.
Mientras tanto, la mandataria indicó que: “Nosotros no tenemos manifestación de vecinos en la puerta del municipio, estamos prestando todos los servicios”.