La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar en el decomiso de propiedades de la ex presidenta y otros implicados para cubrir el perjuicio económico al Estado.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de resarcir el perjuicio económico determinado en la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La resolución, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la ex mandataria y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. También incluye más de 80 inmuebles pertenecientes a otros condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y firmas asociadas.
La medida forma parte del proceso judicial orientado a recuperar los fondos que, según la sentencia, fueron desviados mediante irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz. En ese sentido, el fallo avanza sobre el decomiso y eventual liquidación de activos para resarcir al Estado.
El caso Vialidad cuenta con una condena firme que incluye una pena de seis años de prisión —que la ex presidenta cumple bajo modalidad domiciliaria— y la obligación de devolver montos millonarios, actualizados con el paso del tiempo. La ejecución de bienes aparece ahora como una instancia clave para hacer efectivo ese recupero económico.
Desde la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos cuestionaron la decisión judicial. Argumentaron que varios de los bienes alcanzados por la medida fueron heredados del ex presidente Néstor Kirchner o transferidos con anterioridad a los hechos investigados, por lo que consideran que no deberían ser objeto de decomiso.
De acuerdo a lo dispuesto, los activos pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de su administración y eventual venta. Este proceso busca garantizar el cumplimiento de la sentencia y avanzar en la reparación económica establecida por la Justicia.
La causa Vialidad determinó la existencia de un esquema de corrupción vinculado a la adjudicación de contratos de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios y proyectos inconclusos o de ejecución deficiente, beneficiando a empresas ligadas a Báez.