A través de un decreto, el Gobierno dispuso modificaciones en el Presupuesto, estableció un nuevo mecanismo de información por parte de los organismos públicos bajo pena de recortarles el presupuesto y los instruyó a invertir los fondos sobrantes en títulos de deuda que emite el Tesoro.
De esa manera, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca reforzar los controles y hacerse de recursos extra para financiar las colocaciones de deuda en pesos y renovar los vencimientos en su totalidad, sin tener que pagarlos al contado. Esta semana, vencen $ 11 billones y en julio, $ 37 billones.
Pero su mayor preocupación es canalizar depósitos de organismos públicos en bancos que hoy están colocados en Letras Fiscales de Liquidez a 1 día (LEFI) hacia títulos de hasta 90 días. El próximo 17 de julio vencen cerca de $ 9 billones en LEFI y el equipo económica canjeará dicho stock por Letras Capitalizables en pesos (Lecap).
En ese contexto, el artículo 4° del decreto 425/2025 dispone que “el Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias y los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”.
La medida alcanza a la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo a las instituciones de seguridad social; las empresas y sociedades del Estado; los entes públicos excluidos de la administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y fondos fiduciarios. La excepción es el Poder Legislativo nacional, al Poder Judicial y al Ministerio Público”.
Por otra parte, el artículo 5° del decreto dispone que los sujetos alcanzados deberán remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes información sobre el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior, el flujo de fondos proyectado, incorporando todos los gastos y recursos hasta el cierre del ejercicio, y el estado de las disponibilidades e inversiones al cierre de cada mes.
Y agrega: “la Secretaría de Hacienda, en caso de incumplimiento con lo previsto en el presente artículo, podrá establecer límites en la asignación presupuestaria y/o en la ejecución de pagos por transferencias que se realicen a los sujetos obligados”.
Hacienda también podrá controlar a los organismos con la solicitud de información al Banco Central y las entidades financieras sobe los activos financieros del sector público. Los cambios están en línea con la orden que bajó Caputo en las últimas semanas en varios organismos dentro de su órbita para que inviertan los fondos excedentes en Lecap.
“El decreto dice que el sobrante lo inviertan en títulos del Tesoro, hay un montón de fondos fiduciarios que se nutren de leyes de afectación específica donde hacen las inversiones que se le cantan al comité ejecutivo, y acá le dicen ´pone la plata acá´, es un control más acabado”, explicó una fuente del equipo económico.
En un banco del sector público, en tanto, un gerente opinó que “están reordenando partidas y rascando la olla al máximo de activos del Banco Central y fondos públicos para invertirlos”.
Prorrogan por 10 años las pensiones graciables
En ese mismo decreto, el Gobierno prorrogó por diez años a partir de sus vencimientos las pensiones graciables que hubiera caducado o caduquen durante el presente ejercicio. Y actualizó los requisitos de esos beneficios.
Las pensiones graciables son otorgadas por el Congreso en reconocimiento de servicios distinguidos o méritos, o debido a dificultades económicas. A fines de marzo, sumaban 41.694.
El decreto fija condiciones de acceso y compatibilidad, como no ser titular de un bien inmueble de valuación fiscal igual o superior a $ 7.000.000, no tener vínculo de parentesco con el legislador solicitante y no superar el haber mínimo garantizado.
También se señala que “las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.
NE