Del affaire YPF de Kicillof y los Kirchner al triunfo de Gildo Insfrán en Formosa y de ahí a la profecía económica maldita como la herramienta política preferida de Cristina Kirchner: entre el fin de semana y este lunes, la larga sombra del kirchnerismo que pende sobre la Argentina de Milei acaba de saltar al primer plano. Ayer, ese legado oscuro adquirió nueva vigencia a partir de una última noticia, la orden de la jueza Loretta Preska al Estado argentino para que se desprenda del 51% de sus acciones en YPF y compensar así a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el Ministerio de Economía en manos de Axel Kicillof.
De todos los eventos fortuitos que pueden traer obstáculos a la recuperación económica de la Argentina, tanto externos como internos, el menos esperado era un fallo judicial que, de cumplirse, puede llegar a quitarle una de las joyas de la abuela. YPF y su rol en la extracción del potencial de Vaca Muerta son una pieza central del modelo productivo de la Argentina de Milei, hecho por ahora de dólares de la energía y minería y commodities del agro.
Los tres episodios, YPF, Insfrán y la maldición de Cristina Kirchner lanzada al modelo económico de Javier Milei, son la punta de un iceberg gigante que mantiene encallada a la Argentina en una pregunta difícil que todavía no encuentra respuesta: ¿cómo producir un cambio de régimen político que logre un desempate entre una Argentina irracional y a contrapelo de los países más desarrollados de la región y una Argentina subida a un ritmo lógico y sostenido según la experiencia de los países que más se le parecen? ¿Cómo llegar a una lógica política, económica y social que contemple la alternancia ideológica en el poder sin que signifique poner en riesgo un ciclo necesario de ilusión sin desencanto, hecho de racionalidad macro y microeconómica? Si la Argentina encuentra esa respuesta, cada fuerza política en el poder puede producir modificaciones importantes pero marginales con relación a ese cimiento fundacional logrado.
El pacto necesario no está hecho de retórica políticamente correcta y “ñoña”. Es un acuerdo tácito o explícito sobre una visión contante y sonante: los principios de la macroeconomía que deben regir en la Argentina, el consenso de todos los consensos. Una racionalidad macro que no se ponga en duda aun con la alternancia ideológica en el poder. Una vez alcanzada esa plataforma de despegue, después se pueden llevar adelante todos los acuerdos en torno a visiones de almas bellas. Pero sin volver naturaleza una visión compartida sobre lo macro, difícil pasar a lo segundo.
El espejo de Chile y de Uruguay están al alcance de la mano. Los dos comparten la conciencia clara de que el orden macroeconómico con equilibrio fiscal y crecimiento es la clave para el desarrollo y la calidad de vida, la baja de la pobreza y de la desigualdad. Chile lo llevó al extremo: con el regreso de la democracia en 1990, la Concertación chilena no se aportó de lineamientos macroeconómicos fijados en los ’80 por la segunda generación de Chicago Boys que logró bajar la inflación y entrar en el camino del crecimiento. Desde entonces, las presidencias de centroizquierda o centroderecha o de izquierda compartieron esos fundamentos. El mismo Gabriel Boric, con una coalición más a la izquierda que nunca, que incluye al Partido Comunista, consagró un principio ni bien asumió el poder, en 2022: “Desde la izquierda, tenemos que dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas. La responsabilidad fiscal debe ser una política de Estado”.
En Uruguay, de la izquierda del Frente Amplio entre 2005 y 2020 a la centroderecha de Lacalle Pou, está el convencimiento de que la salida de la pobreza es una combinación justa entre macro ordenada y crecimiento y políticas sociales eficientes, inteligentes y alejadas de cualquier disposición clientelar o de una voluntad patrimonialista de políticos preocupados por cajas y enriquecimiento personal.
El caso de YPF es una muestra de lo contrario. Una cadena de acuerdos espurios, con motivaciones personalistas de guita y poder, que cruzan los intereses de Néstor y Cristina Kirchner con los de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, y un Kicillof listo para cometer errores de apreciación macroeconómica a la luz del sol, sin prever las consecuencias legales. “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, decía Kicillof en 2014. Fue la justificación para violar una cláusula del estatuto de YPF que hoy les da el argumento central a los fondos Burford y Eton Park y a la jueza Preska para fallar en su favor. YPF fue la ruptura kirchnerista de un ciclo de privatizaciones. La narrativa kirchnerista dijo basarse en una voluntad de recuperación de soberanía energética. Se trató más bien del disfraz necesario para vaciar YPF, primero, y, luego, para sumarla como caja tan propia como discrecional.
En el mejor de los casos, el gobierno de Javier Milei apelará y logrará revertir la decisión de Preska y, al mismo tiempo, le permitirá capitalizar política y electoralmente la herencia kirchnerista. El intrincado proceso que llevó a la estatización de YPF y la idea de Kicillof de desconocer el estatuto de YPF lo exponen al gobernador bonaerense en plena marcha hacia la elección provincial y la legislativa nacional que le disputa La Libertad Avanza.
Con Cristina Kirchner en prisión, el nuevo contendiente del mileísmo es Kicillof: la sombra de YPF lo pone en el centro del debate y del descrédito. Ayer, ni bien conocida la decisión de la jueza, el presidente Milei siguió tirando munición gruesa contra Kicillof: “Es responsabilidad directa del inútil soviético”, dijo.
Desde el fondo Burford mantienen un diálogo frecuente con dirigentes argentinos y funcionarios del Gobierno para tratar puntos de avance. O al menos así lo manifestó una fuente, mientras otras advirtieron que esos encuentros aún no se lograron concretar.
El encargado de las negociaciones es un conocido de Milei y su círculo. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un argentino de Wall Street, basado en Nueva York desde hace años, exjefe de Global Banking Americas del HSBC, contratado en mayo de 2024 por Burford para ocuparse de las negociaciones con el Estado argentino en el caso YPF. Meses antes, cuando todavía no trabajaba para Burford, en septiembre de 2023, Mato recibió en su casa de Nueva York a Darío Epstein y Juan Nápoli, que en aquel momento, en plena campaña electoral, hacían de asesores y emisarios de Milei. En casa de Mato, expusieron las ideas económicas de Milei ante unos ochenta inversores. Hoy, Mato y su equipo hacen visitas regulares a la Argentina para representar los intereses de Burford.
En el caso YPF se sintetiza buena parte de los problemas de conceptualización económica del kirchnerismo y muchos de los vicios de una construcción de poder opaca, si no oscura. Esa mirada estrábica sobre la macroeconomía vuelve en estos días en la única herramienta política que le queda a Cristina Kirchner en la cárcel: la politización de la profecía, el mal augurio de que “el modelo se cae”. Una anticipación distópica que en otra época de la Argentina habría sonado a destituyente. Hoy suena a manotazo de desesperación política. Una interpretación del modelo económico de Milei que pierde de vista la percepción de una evidencia que por ahora le juega a favor al Gobierno y opta por interpretarlo todo a la luz de un deseo político que no necesariamente se va a volver realidad. El kirchnerismo encarcelado en una ceguera que le impide adaptarse y cambiar, y jugado a un futuro en forma de maldición. Una muestra de que no tiene mucho para ofrecer.
El triunfo de Insfrán el domingo en las elecciones legislativas, y constituyentes, de Formosa apunta al mismo registro: un caso extremo de la acumulación de poder sostenido con el que soñaron Néstor y Cristina Kirchner, y todos los males que se derivan de esa vieja “estatalidad”, en palabras de Cristina, dominante: un Estado hipertrofiado y cooptado por el poder político eterno, y una sociedad rehén de ese poder. La provincia con menor cantidad de empleados del sector privado formal: Formosa solo tiene 57 trabajadores privados registrados cada mil personas en edad laboral. El capitalismo libera, pero el capitalismo de Estado genera clientelismo y dependencia: es la lógica del Estado presente llevada a la máxima expresión de sus efectos nocivos.
Una provincia gobernada ininterrumpidamente por el peronismo desde el regreso a la democracia, hace cuarenta y dos años, y por Insfrán desde 1995, también sin interrupciones. Es el modelo kirchnerista vuelto política de Estado más duradera que el mismo kirchnerismo.
El triunfo de Insfrán repone la gran pregunta: con ese voto inelástico a la crisis del peor legado kirchnerista, ¿hay chances de un cambio de régimen macroeconómico perdurable que conduzca al crecimiento y el desarrollo? La respuesta está pendiente.