En el Gobierno y en la Corte Suprema se preparan para que Manuel García-Mansilla, quien fue designado por decreto en comisión por Javier Milei, continúe en su cargo aún si el Senado voltea su designación el próximo 3 de abril, cuando está previsto que vote su pliego en el recinto.
Según la argumentación que elaboran en la Casa Rosada, hay fundamentos jurídicos para que se quede en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. En el máximo tribunal, donde fue bien recibido desde que desembarcó, dejan trascender que es posible que se corporice ese escenario.
Según pudo saber LA NACION, esto vale tanto para los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como para su colega Ricardo Lorenzetti, quien manifestó sus diferencias con algunos aspectos de la gestión de la Corte.
García-Mansilla se mostró cercano a la dupla Rosatti-Rosenkrantz, sobre todo con este último, con quien comparte muchas miradas sobre la vida y el derecho. En la votación en la que participó para rechazar la licencia del juez Ariel Lijo para integrar la Corte, García-Mansilla hizo causa común con estos dos magistrados, lo que enojó a los funcionarios del Gobierno.
En la Casa Rosada, de todos modos, están cómodos con su postulación y su aspiración es sostenerlo y pelear para que permanezca en la Corte, de mínima hasta fin de año, y de máxima de manera vitalicia, aunque esto podría dar lugar a planteos sobre la validez de los fallos que firme tras ser rechazado por el Senado.
El propio García-Mansilla da señales ambiguas respecto del escenario que se abriría si le rechazan el pliego. En su entorno dejaron trascender que no renunciará y resistirá desde su sillón del cuarto piso de los tribunales, al menos por ahora. “Luego se verá, si hay una lluvia de denuncias o una andanada de planteos, qué decisión tome”, dijeron fuentes de los tribunales.
“El juez no ha presentado ni tiene previsto presentar ninguna renuncia”, reiteraron a LA NACION fuentes que siguen de cerca el proceso parlamentario para su designación.
Sin embargo, el propio magistrado habría comentado en algunas conversaciones privadas su decisión de abandonar su lugar si el Senado rechaza su postulación.
García-Mansilla fue propuesto por el Gobierno hace un año para integrar la Corte pero no consiguió los votos de los dos tercios de los senadores para ser designado por el mecanismo habitual. Pasó la etapa de las audiencias públicas y las objeciones y apoyos de la ciudadanía, pero su pliego apenas cosechó media docena de apoyos en la Comisión de Acuerdos del Senado.
Por eso, Javier Milei insistió en nombrarlo por decreto en comisión, por un año parlamentario, utilizando un atajo constitucional reservado para nombrar empleados que requieren acuerdo del Senado cuando el Congreso está en receso.
Pero la oposición no quiere dejar sentado el precedente de que se puede tomar esta diagonal y firmó el dictamen en la Comisión de Acuerdos para forzar su tratamiento en una sesión que Victoria Villarruel convocó para el 3 de abril.
La oposición con 25 votos, es decir un tercio más uno de los senadores, quiere voltear su pliego, a pesar de que el académico ya juró como juez de la Corte, al menos hasta fin de año. Tiene los votos para lograrlo, aunque en el Gobierno se abrió una luz de esperanza con el quiebre en el bloque de Unión por la Patria, donde cuatro senadores desafiaron la conducción de Cristina Kirchner.
En la Casa Rosada confían en que García-Mansilla seguirá en su cargo y si el Senado voltea su designación, batallará judicialmente. Hay precedentes de la Corte que avalan su posición de permanecer en el cargo hasta que se venza su designación en comisión, y hay otros que respaldan la facultad el Senado de hacer cesar esa designación.
Un caso es “Dura, Francisco y otro c/ Labougle y otros”, de 1932, donde la Corte se remitió al dictamen del procurador general Horacio Rodríguez Larreta y sostuvo por unanimidad que “los nombramientos en comisión hechos por el Poder Ejecutivo otorgan a los [magistrados] designados la plenitud de los derechos inherentes a sus funciones, hasta la expiración del plazo señalado por dicho inciso”.
Sin embargo en el caso del juez Belisario Montero, de 1958, el magistrado designado en comisión fue a la Corte reclamando quedarse hasta el final del “período legislativo”. Su recurso fue desestimado porque el Senado había dado acuerdo a otra persona para el cargo.
Por eso, si el asunto se dirime en los tribunales, serán conjueces de la Corte, sorteados entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, los que definirían la situación de García-Mansilla
De todos modos, la Casa Rosada tratará de salvar los pliegos del académico y de Lijo. Por eso está dispuesta a negociar con la oposición, para que apoyen su pliego, a cambio de otros cargos.
El Gobierno debe designar 150 vacantes en juzgados y los cargos de Procurador General de la Nación (vacante e interinamente a cargo de Eduardo Casal) y de Defensor General de la Nación (la actual titular, Stella Maris Martínez, cumple 75 años a fin de año).
Estas conversaciones tendrán lugar en los próximos 10 días, antes de la sesión del Senado y contra reloj, pero condicionadas por el Gobierno para mantener en su cargo a García-Mansilla.
La sesión del 3 de abril puede traer sorpresas, porque el bloque kirchnerista en el Senado se quebró. El puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Fernando Rejal formaron un interbloque que sigue siendo de Unión por la Patria, pero disidente.
No van a obedecer a la conducción y se muestran independientes de Cristina Kirchner, alineados con gobernadores del peronismo del interior y cercanos al Gobierno en algunas votaciones.
Así por ejemplo no votarían por la negativa al pliego de Ariel Lijo, que tiene muchas más chances de ser aprobado por los dos tercios del Senado que el de García-Mansilla, con pronóstico terminal.
El pliego de Lijo está disponible para ser votado en el recinto desde mediados de febrero, cuando el Gobierno oficializó el dictamen de la Comisión de Acuerdos e intentó que el tema fuera al recinto al filo del vencimiento de las sesiones extraordinarias. No lo logró porque, en medio de los intentos de la Cámara alta por investigar el caso $LIBRA, corría serios riesgos de enfrentar un fracaso.
Lijo ya hizo saber que no renunciará como juez federal y que solo le interesa conseguir los dos tercios del Senado. De hecho, le envió un oficio a su colega Alejo Ramos Padilla, que analiza la constitucionalidad del decreto de su designación, donde le dice que es ajeno a esa controversia, porque su norte es ser juez de la Corte con acuerdo del Senado.
Lijo es una figura a la que el Gobierno prefiere no incomodar, considerando su amplia cartera de expedientes en marcha, su ascendencia sobre sus colegas jueces federales y su relación con el juez de la Corte Lorenzetti.
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