El miércoles 4 de junio, cerca de las 22.30, cuatro jóvenes se abalanzaron contra el efectivo de la Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo. El agente estaba fuera de servicio, esperando que su madre se subiera a un colectivo en La Matanza. Lo que siguió lo mostraron las imágenes que se viralizaron luego: Fajardo sacó su arma, los jóvenes salieron corriendo y arrancaron los disparos. En total fueron once. Uno de los ladrones, de 18 años, murió en el acto, y otros dos fueron heridos. A dos cuadra del lugar estaba Thiago, de 7 años, jugando junto a su padre. Una de las balas le impactó en la cabeza, y falleció a los dos días. Todo este trágico episodio fue resumido a la mañana siguiente por Patricia Bullrich, con la simpleza para diferenciar “buenos” de “malos” que la caracteriza: “Los delincuentes son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida, tienen que pagar con prisión perpetua”.
Dos días después, el sábado 7, sucedió otro episodio que se aleja por bastante del normal funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la Justicia. Durante una protesta en el Instituto Juan Domingo Perón, en Recoleta, el dirigente social Juan Grabois fue detenido junto a otro militante. Lo llamativo es que de la toma del edificio participaron decenas de personas, pero hubo sólo dos apresados.
El que despejó las dudas sobre lo sucedido fue, en este caso, el propio jefe de la Policía Federal. “Fueron directivas del señor Presidente, Javier Milei, y de la doctora Patricia Bullrich”, dijo Luis Alejandro Rolle, en una conferencia de prensa. La declaración es más que llamativa, ya que directamente se encuentra fuera de lo que la ley determina como posible: ni el primer mandatario ni la ministra de Seguridad pueden ordenar detenciones. Sencillamente no está dentro de sus atribuciones, a excepción de que se declare un estado de sitio.
Ambos hechos no son aislados. Ocurren en un contexto donde, entre declaraciones, cambios de reglamentos, decretos y una pésima condición salarial y material, las fuerzas de seguridad parecen estar desatadas y sin freno. Es la doctrina Bullrich.
Mano dura. “Los buenos son los de azul”, suelen decir Bullrich, el Presidente y el grueso del Gobierno. En el caso de la ministra, repite lo que sucedió con el policía Luis Chocobar durante la gestión de Mauricio Macri: aun cuando se excedan de la legítima defensa, y aun cuando eso termine con víctimas fatales -un adolescente que había robado en el caso Chocobar, Thiago en el último episodio-, los policías jamás tienen la culpa. ¿Cuál es el riesgo de que una ministra avale este tipo de comportamientos? Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indica que entre 2020 y este año murieron seis niños menores de 13 años por disparos de policías que utilizaron su arma reglamentaria fuera de servicio. La cifra para los niños de entre 14 y 17 años es mucho mayor: 59.
El aval de Bullrich a la espiral de violencia de la fuerza de seguridad no está exento de contradicciones. Lo que pasó con Chocobar -que fue condenado en primera instancia, luego absuelto por la Cámara y en agosto volverá a tribunales- es ilustrativo: por más que la ministra respalde en declaraciones el accionar policial, los que ponen en juego su futuro son los agentes. El caso de Rolle, que admitió ante las cámaras haber hecho una detención de forma irregular, vuelve en ese sentido. ¿Tendrá consecuencias? En la Federal son cada vez más los que miran con recelo las órdenes de Bullrich, que los obliga a reprimir con dureza incluso las marchas de jubilados.
“Están enojados con Rolle y con ella, que los expone siempre. Hay mucho malestar”, cuenta un político que pasó por esa cartera. La bronca está justificada por otra razón: los sueldos promedios en la Federal están alrededor de los $850 mil, lo que obliga a muchos de ellos a tener trabajos alternativos. A eso hay que sumarle las pésimas condiciones materiales. “Es inhumano, oficinas viejas, sin calefacción, llenas de ratas”, dijo Grabois cuando fue liberado.
Legalidad. Bullrich comenzó en este sendero a días del nuevo gobierno, cuando promulgó el famoso “protocolo antipiquetes”. Todas las luces de esa medida se las llevó la decisión de prohibir los cortes de calle, pero hubo algo de fondo que cambió con esa norma: a partir de aquel decreto se resolvió que las fuerzas puedan actuar sin orden judicial, al sostener que las marchas se tratan de un “delito flagrante”. Con Grabois pasó exactamente eso.
En junio se publicó el decreto 496, que le dio la facultad al Gobierno de incorporar a la lista de terroristas a cualquier sospechoso de esa actividad. Llegado el caso, estar dentro de esa lista agrava la pena que alguien enfrentaría ante la Justicia. Eso sucedió a la par que el Gobierno empezaba a tildar de “terroristas” a los que marchaban contra el oficialismo.
En enero de este año, el Congreso aprobó, a pedido de la ministra de Seguridad, la ley “antimafia”, inspirada en la ley RICO que las películas estadounidenses suelen promocionar. Gracias a este cambio, cualquier persona considerada parte de una “mafia” por su ministerio puede -con la autorización de un fiscal- ser detenido hasta 30 días por “averiguación de delitos” y hasta, sin condena, decomisarle cualquier bien que sea sospechado de estar relacionado a esa supuesta mafia.
Ahora se espera que Milei, a pedido de Bullrich, también modifique la ley orgánica de la Policia Federal. La ministra avanza, sin importarle los costos.La última novedad fue el decreto 383/2025, que derogó el Estatuto de la PFA y estableció atribuciones extraordinarias en tareas de investigación y prevención, además de abrir un campo gris sobre el ciberpatrullaje. Ahí se establece la posibilidad de detener sin orden judicial por 10 horas, las requisas sin orden judicial.