Buenas noticias para el Gobierno: contra sus presagios, la oposición dialoguista se anticipa dispuesta a aprobarle un presupuesto con déficit cero para el año próximo. Avisa que no lo dejará sin esta herramienta para que luego maneje las partidas a su arbitrio, como hizo este año. Eso sí, difícilmente el que sancione sea el mismo texto que envió el presidente Javier Milei; los opositores planean introducir varias modificaciones en atención a los jubilados, a las universidades y a las provincias, sectores a los que el oficialismo insiste en mantener congeladas sus partidas.
Tras los vetos del presidente a las leyes de actualización de las jubilaciones y de las partidas universitarias la oposición busca revancha: insistirá en que el Gobierno reconozca una suba del 8,1% en los haberes por la inflación de enero pasado y pugnará por aumentar el financiamiento de las universidades. En paralelo, hará suyo el petitorio de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio para que el Gobierno resuelva tres de sus problemas más acuciantes: la deuda millonaria de la Nación con las 13 cajas previsionales no transferidas; el financiamiento pendiente de las obras públicas de origen nacional y el fondeo para el transporte del interior con un porcentaje del impuesto a los combustibles.
La discusión del presupuesto 2025 será el escenario de la nueva confrontación. Advertido de ello, Milei avisó que no tolerará que se vulnere la regla del déficit cero y desafió a la oposición a que, si aumenta el gasto más allá de lo estipulado, explicite en la ley la correspondiente fuente de financiamiento sacrificando otras partidas.
Los dialoguistas aceptan el reto y las reglas de juego. No quieren darle al presidente excusas para un eventual veto. Más allá de esta coincidencia, no hay en los bloques una estrategia de acción unificada; por el contrario, cada cual atiende su juego. Mientras el bloque Pro y el sector colaboracionista de la UCR apuntan a un texto con modificaciones acordadas con el oficialismo, el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto, de perfil más crítico, presentará un dictamen propio. No quiere someterse al desgaste inútil de una negociación con resultados mezquinos.
“Hay tres deudas con tres sectores que han pagado más el ajuste que el resto de la sociedad: jubilados, universidades y provincias. Nosotros vamos a presentar un presupuesto propio con equilibrio fiscal, pero con criterios distributivos”, desafió el diputado Nicolás Massot en su primer –y único- encuentro con los negociadores del Ministerio de Economía. Lo acompañaban sus colegas Ricardo López Murphy y el cordobés Ignacio García Aresca, hombre del gobernador Martín Llaryora.
Massot anticipa tres posibles fuentes de financiamiento –que, sugestivamente, el Gobierno no toca en el presupuesto- para atender las demandas de estos sectores. Uno de ellos es el actual esquema de exenciones tributarias del que se benefician determinados sectores y actividades de la economía: según el proyecto del Gobierno, representan nada menos que 3.5 puntos del PBI. Los economistas del bloque no planean eliminarlos sino reformular algunos de ellos, como el del régimen de promoción de Tierra del Fuego o el que beneficia a las empresas de economía del conocimiento.
Además, la tropa que encabeza Pichetto pondrá la mira en el presupuesto millonario de la AFIP –previsto en casi tres billones el año próximo-, el cual se nutre de un porcentaje de la recaudación de los gravámenes y de los recursos aduaneros. “Cuenta con 20.400 agentes con sueldos que van de $8 millones a $15 millones en el caso de los jerárquicos”, advierten.
Por último, buscarán reducir las partidas asignadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete, que prácticamente se duplican en términos nominales para el año próximo. Son las cajas que manejan Santiago Caputo, Karina Milei y Guillermo Francos.
Uno de los puntos más conflictivos en la discusión presupuestaria vuelve a ser el de las jubilaciones. Tanto la UCR como Encuentro Federal y la Coalición Cívica son renuentes a ratificar en el presupuesto el DNU 274 y, con él, la fórmula que actualiza las jubilaciones por inflación, en vista de que el Gobierno sigue sin reconocer el aumento del 8% a los jubilados por la inflación de enero pasado. Ambos bloques advierten que volverán a la carga por esa actualización.
No será la única batalla. En su proyecto, el Gobierno prevé mantener congelado el bono de $70.000 que otorga a los haberes mínimos. El jefe de la Anses, Mariano De los Heros, justificó que si la economía crece el año próximo los haberes también subirán sin necesidad de depender de pagos extra.
Los opositores son escépticos: creen que, como sucedió este año, el Gobierno apostará a la licuación de las jubilaciones –con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los jubilados- para sostener el déficit cero. Massot anticipa que en el dictamen de su bloque incluirá, además de la fórmula jubilatoria, una automatización de los bonos. Los negociadores radicales –encabezados por Lisandro Nieri y Alejandro Cacace– insisten en instrumentar una prestación proporcional –esto es, jubilaciones acordé a los años de aporte- para compensar la eliminación de la moratoria jubilatoria, que caducará en marzo.
El financiamiento universitario será otro foco de conflicto. En el presupuesto el Gobierno le asignó un presupuesto de $3,8 billones –la mitad de lo que reclaman los rectores- y, para caldear todavía más los ánimos, en el artículo 17 dispone que podrá interrumpir el envío de los fondos si las casas de altos estudios no presentan en tiempo y forma la información sobre cómo ejecutan los fondos.
Difícilmente prospere este artículo así como está redactado. Los opositores no solo pelearán por más fondos para las universidades; consideran riesgoso, por lo arbitrario, que el Gobierno pueda cortar sin más el financiamiento a alguna casa de altos estudios.
Tampoco prosperará la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares (que incluye la AUH) –prevista en el artículo 68-, ni la suspensión, por este año, de los pisos mínimos del PBI para garantizar el financiamiento de la educación pública (prevista en 6% del PBI), la ciencia y técnica y la preservación de los bosques nativos, previsto en el artículo 27. Desde el Ministerio de Economía aducen que esos porcentajes mínimos nunca se ejecutaron; si bien los legisladores admiten que esto es cierto, no parecen dispuestos a sacrificar estos derechos en el altar del ajuste fiscal.
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