La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para Estela del Valle Juárez, residente de la localidad de Sarmiento, que en 2019 se desempeñaba como secretaria general de la Regional Suroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), y que el 24 de septiembre de 2019, junto a una veintena de personas, provocó un corte total a la altura del kilómetro 133 de la Ruta Nacional 26.
La interrupción del tránsito se prolongó durante varias horas, impidiendo la normal circulación de vehículos particulares y de medios de transporte de pasajeros y de carga.
Del Valle Juárez fue procesada y enviada a juicio por el delito de “entorpecimiento del transporte”, y finalmente, el 25 de abril del 2023, la jueza federal Marta Yañez la condenó a tres meses de prisión en suspenso, en concordancia con el pedido de la fiscalía.
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Sentencia y apelación
“Por legítimo e imperioso que resultare el reclamo que motivó el hecho, no pueden soslayarse los derechos de los transeúntes que gozan de la garantía de circular libremente por el territorio de la Nación. En particular dicha ruta 26 es la utilizada por los pobladores que desde las pequeñas localidades como de Aldea Beleiro, Gobernador Costa, Cabo Blanco Rio Senguer y Buen Pasto entre otras, deben utilizarla para trasladarse por motivos laborales, de salud, de educación, turísticos, y como vía necesaria para acceder al Aeropuerto General Enrique Mosconi y también por transportes de carga pesada que ingresan y egresan a la República de Chile (hecho que reputo de público y notorio)”, indicaba el fallo.
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La defensa de la mujer procesada apeló la sentencia, y el 19 de diciembre del 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques, rechazó el recurso, confirmando la condena.
“La actuación de la Policía de la provincia de Chubut no resulta, como pretende la defensa, irregular ni violatoria de garantía constitucional alguna”, expresaron los magistrados en su fallo, resaltando que “actas, fotografías, filmaciones y declaraciones testimoniales del personal policial” dejaron en evidencia que “el tránsito de los vehículos en los que circulaban los trabajadores del sector petrolero se vio interrumpido y que el de los vehículos particulares fue demorado producto de la presencia compacta de los manifestantes sobre la calzada”.
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Recurso declarado “inadmisible”
La defensa apeló nuevamente, pero a finales del mes de marzo del 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la rúbrica de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques, rechazó el recurso, confirmando la condena. “La actuación de la Policía de la Provincia de Chubut no resulta, como pretende la defensa, irregular ni violatoria de garantía constitucional alguna”, afirmaron los jueces, quienes al mismo tiempo aclararon que las “actas, fotografías, filmaciones y declaraciones testimoniales del personal policial”, expresaron los magistrados, dejando en evidencia que “el tránsito de los vehículos en los que circulaban los trabajadores del sector petrolero se vio interrumpido y que el de los vehículos particulares fue demorado producto de la presencia compacta de los manifestantes sobre la calzada”.
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Al haber sido declarado inadmisible el recurso extraordinario, la defensa de Estela del Valle Juárez buscó elevar un recurso de queja a la Corte Suprema. Sin embargo, la CSJN desestimó la presentación directa por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 7°, incisos a, b, c y d, del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 y, consecuentemente, dejó firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para la mujer que había participado en las protestas en 2019 en Chubut, en reclamo de una serie de movilizaciones gremiales.
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Por la misma causa, en 2022 imputaron a Jorge Ávila
El episodio tuvo lugar el 4 de septiembre del 2019 y aquella madrugada se hizo presente un grupo de personas identificadas con el sector petrolero, que desalojaron a los manifestantes, muchos pertenecientes a gremios docentes.
El líder petrolero fue imputado en 2022 por incitación a la violencia y el fiscal Juan Carlos Caperochipi indicó a ADNSUR que en la audiencia de apertura de investigación se formularon cargos “contra el señor Jorge Ávila y va a continuar la investigación en relación a los distintos ilícitos que oportunamente fueron imputados por un equipo fiscal que me precedió en la investigación, que era el doctor Cabral”.
Gacetilla de prensa de la Corte Suprema de Justicia, editada por un periodista de ADNSUR.